Bajada: Efectivos en actividad y retirados expresaron sus demandas a través de redes sociales, denunciaron atraso salarial frente a la inflación y advirtieron sobre posibles represalias internas por ejercer el derecho constitucional a peticionar.
Policías en actividad y retirados de Río Negro hicieron públicas sus demandas a través de redes sociales y comunicados, en los que denuncian salarios deteriorados por la inflación, incumplimientos legales por parte del Estado provincial y una estructura interna que —según afirman— les impide manifestarse y les cercena el derecho a huelga. En ese marco, sostienen que decidieron “romper el silencio” ejerciendo un derecho constitucional.
En un comunicado difundido en Facebook, los efectivos señalaron que “el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de peticionar a las autoridades”, y remarcaron que ese derecho “asiste plenamente aun vistiendo uniforme”, siempre que se ejerza de manera “pacífica, responsable y legítima”.
Entre los principales reclamos, destacaron el fuerte atraso salarial frente a la inflación. A modo de ejemplo, indicaron que un efectivo policial percibe haberes que no alcanzan para sostener a su familia, pese a las exigencias de profesionalismo, disponibilidad permanente y exposición constante al riesgo que impone la función. A ello sumaron el “incumplimiento sistemático de obligaciones legales y judiciales” por parte del Estado provincial.
El malestar también se expresó en testimonios de integrantes de la fuerza, tanto retirados como en actividad. Uno de los autoconvocados cuestionó duramente a la conducción policial y a reuniones realizadas con autoridades, a las que calificó de ineficaces. En ese sentido, sostuvo que la jefatura carece de un diagnóstico real de la situación del personal y que las consultas a mandos regionales no reflejan las necesidades concretas de la tropa, generando —según describió— una “reacción en cadena” que termina ocultando los problemas de fondo.
De manera general, los efectivos coincidieron en que resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI, continúen vigentes condiciones reglamentarias propias del siglo pasado. También manifestaron su temor a eventuales represalias, como identificaciones internas o prácticas de vigilancia ilegales, que podrían derivar en sanciones o en el cercenamiento de la carrera policial por el solo hecho de elevar reclamos formales a las autoridades.
Otro de los puntos señalados fue la desigual situación entre quienes pueden realizar servicios adicionales para complementar sus ingresos y quienes no. Retirados y efectivos con carpetas médicas, o con restricciones para portar arma y uniforme, pidieron empatía a sus colegas y advirtieron que la sobrecarga de adicionales implica un desgaste físico que termina afectando el desempeño en el servicio ordinario.
Finalmente, desde la autoconvocatoria recomendaron a quienes se sumen al reclamo hacerlo sin uniforme, estando francos de servicio, sin utilizar vehículos institucionales y con el acompañamiento de un abogado o de personal retirado que oficie de vocero, a fin de afrontar eventuales consecuencias disciplinarias.
