La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio convocó a un encuentro de emergencia con sectores productivos ante el anuncio de la entidad financiera que abandonará la ciudad. A pesar del impacto económico que implicaría, las representaciones políticas locales y provinciales guardan silencio.
En el día de ayer, las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio se reunieron con comerciantes, productores y empresarios de Choele Choel para analizar alternativas frente al posible cierre de la sucursal del Banco Macro en la localidad. Los participantes coincidieron en que esta medida representaría un severo retroceso para el desarrollo económico local, ya que afectaría directamente el acceso a servicios financieros esenciales para el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios y emprendedores.
Hasta el momento es la primera reunión que se conoce para ocuparse del tema, ante el silencio tanto del gobierno provincial como del Ente de Desarrollo del Valle Medio y de las intendencias de los 7 municipios vallemedienses.
Durante el encuentro, se evaluaron posibles acciones colectivas y se reiteró el llamado a las autoridades gubernamentales —tanto municipales como provinciales— a comprometerse activamente en la búsqueda de soluciones que eviten la salida del banco. Sin embargo, hasta el momento, ninguna representación política ha emitido una declaración pública ni ha mostrado iniciativas concretas al respecto, lo que ha generado malestar y desconcierto en la comunidad empresarial.
La presencia de una entidad bancaria en Choele Choel no solo facilita operaciones cotidianas como depósitos, transferencias o créditos, sino que también actúa como un pilar de inclusión financiera y dinamización económica en una región estratégica del Valle Medio del río Negro.
Ante la inminencia de una decisión por parte del Banco Macro, el sector privado exige respuestas urgentes y responsabilidad institucional, mientras denuncia el inexplicable silencio de quienes tienen la obligación de defender los intereses económicos de la comunidad.
