Prefectura, Gendarmería, PSA, Servicio Penitenciario y Policía Federal convocaron a una manifestación conjunta por primera vez en la historia. Salarios bajo la línea de pobreza, crisis sanitaria y una conducción cuestionada configuran un escenario explosivo que ya se replica en varias provincias.
La convocatoria de las cinco fuerzas federales a un “abrazo solidario” el próximo 2 de abril en el edificio Centinela no es un hecho más: es una señal de alarma institucional sin precedentes en décadas en la Argentina. Que Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal confluyan en una protesta común revela el nivel de deterioro que atraviesa el sistema de seguridad nacional, en abierta contradicción con el discurso oficial de respaldo a quienes “cuidan a la sociedad”.
El reclamo tiene una base concreta y difícil de relativizar: salarios por debajo de la línea de pobreza que obligan a los efectivos a buscar ingresos extra para subsistir, incluso en actividades informales como conducir aplicaciones de transporte. A esto se suma el desmantelamiento de la cobertura médica tras el colapso de Iosfa, que dejó a miles de uniformados prácticamente sin prestaciones. La fragmentación improvisada del sistema —con OSFFESEG y OSFA como parches— y promesas aún incumplidas profundizan la incertidumbre.
El malestar no es homogéneo, pero sí transversal. Las decisiones de la anterior gestión, que privilegiaron a ciertos mandos de Gendarmería, dejaron una herida abierta en las bases y generaron resentimiento entre fuerzas. Ese desequilibrio hoy emerge con fuerza, alimentando una protesta que no distingue jerarquías ni uniformes.
En paralelo, la conducción política del área aparece en el centro de las críticas. La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es señalada por su falta de liderazgo efectivo en un contexto que exige control y capacidad de articulación. Las tensiones internas, los cruces con su antecesora Patricia Bullrich y los conflictos con jefes de fuerza como Claudio Brilloni terminan de configurar un cuadro de desorden que preocupa incluso dentro del propio oficialismo.
El antecedente de Córdoba en 2013 —cuando la policía se acuarteló y dejó a la población a merced del caos— sobrevuela como un fantasma incómodo. No por repetición automática, sino porque evidencia lo que ocurre cuando la cadena de mando se debilita y los reclamos salariales se desatienden sistemáticamente.
La situación, lejos de ser un fenómeno aislado del ámbito federal, encuentra eco en varias provincias donde las policías locales también vienen manifestando tensiones crecientes por sueldos, condiciones laborales y cobertura de salud. Este clima generalizado marca un punto de inflexión inédito en las últimas décadas: fuerzas de seguridad que, lejos de ser un actor monolítico, comienzan a expresar abiertamente su descontento.
En este contexto, la protesta del 2 de abril adquiere una dimensión que excede el reclamo puntual. Es, en los hechos, un síntoma de una crisis más profunda: la pérdida de cohesión en uno de los pilares del Estado. Y cuando quienes deben garantizar el orden empiezan a organizarse para reclamar lo básico, el problema deja de ser sectorial para convertirse en estructural.
