Con 28 modificaciones de última hora diseñadas para contentar a aliados políticos y poderes fácticos, el oficialismo impulsa este miércoles en el Senado una reforma que profundiza el desmantelamiento de garantías laborales. Mientras miles protestarán frente al Congreso contra el ataque al derecho a huelga, las vacaciones y la estabilidad laboral, los verdaderos ganadores ya sellaron su triunfo: los bancos blindaron sus canales de pago, los gobernadores salvaron sus arcas fiscales y las burocracias sindicales preservaron su caja, todo a costa del retroceso más severo en décadas para los trabajadores argentinos.
En una maniobra de ingeniería política que priorizó los intereses de corporaciones sobre los derechos ciudadanos, el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, ultimó este martes un acuerdo con el PRO, la UCR y gobernadores provinciales para aprobar este miércoles a las 11 una reforma laboral que abarata despidos, debilita la organización colectiva y liquida conquistas históricas. Lejos de ser una “modernización”, el texto consensuado representa un retroceso civilizatorio: recorta el derecho a huelga, reduce vacaciones y jornada laboral como conquistas intocables, y facilita el despido mediante cambios regresivos en el cálculo de antigüedad para trabajadores con vínculos previos con el mismo empleador.
Los beneficiarios del pacto son explícitos. Los gobernadores lograron eliminar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas —medida que amenazaba su recaudación— a cambio de su voto. Los bancos obtuvieron la exclusión de billeteras virtuales en el pago salarial, forzando que todo flujo pase por sus canales tradicionales. Las cúpulas sindicales, lejos de resistir, se anotaron como ganadoras: mantendrán a los empleadores como agentes de retención de la cuota sindical y, aunque los aportes se volverán “voluntarios” recién en 2028 (0,5% patronal y 2% obrero), aseguraron la supervivencia de su estructura financiera mientras se debilita la base militante.
El eje ideológico del proyecto —bautizado con cinismo como “fin de la industria del juicio”— expone su sesgo antiobrero. Modifica el artículo 55 de la LCT para reducir intereses a tasa pasiva con capitalización única y permite el pago en cuotas de sentencias judiciales (hasta 12 para PyMEs), transformando en letra muerta las indemnizaciones por despido. Paralelamente, crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con recursos de la ANSeS —es decir, con fondos previsionales de los jubilados— donde las PyMEs aportarán más (2,5%) que las grandes empresas (1%), castigando a los pequeños empleadores mientras se subsidia al gran capital.
A 180 días de sancionada, la ley derogará estatutos y regímenes especiales protectores si no existen normas “superadoras”, dejando en la indefensión a millones de trabajadores de sectores vulnerables. Mientras el oficialismo presume de contar con 44 votos asegurados en el Senado, el peronismo resiste con 28 senadores, aunque cinco de Convicción Federal mantienen una ambigüedad peligrosa que podría inclinar la balanza.
Detrás de la retórica de “mesas y horas de trabajo” esgrimida por Bullrich, late una verdad incómoda: esta reforma no nació del diálogo social, sino de negociaciones a puertas cerradas entre poderes políticos y económicos. Mientras las calles se preparan para rechazarla con movilizaciones masivas, el Congreso avanza hacia la sanción de una ley que no moderniza el trabajo, sino que lo precariza; que no democratiza las relaciones laborales, sino que las somete al poder corporativo. Un retroceso que, si prospera, dejará una cicatriz profunda en el tejido social argentino.
