Mientras el gobierno provincial celebra una “actualización salarial”, más de 70 uniformados rechazan una propuesta que ni siquiera cubre el costo de los uniformes que el Estado obliga a comprar. Detrás del maquillaje contable —bonos no remunerativos y migajas indexadas al IPC— late la negativa sistemática a reconocer un derecho humano básico: el de sindicalizarse, avalado por la Corte Interamericana y burlado por un poder que prefiere uniformar conciencias antes que dignificar salarios.
El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro rechazó de plano la “actualización salarial” anunciada por el gobierno provincial mediante la Orden del Día N°27 del 9 de febrero, denunciando que lejos de revertir la caída del poder adquisitivo, la medida profundiza la pobreza estructural de quienes garantizan la seguridad ciudadana. Según confirmó Rubén Muñoz, referente del organismo, más de 70 efectivos ya expresaron su rechazo a una propuesta que incluye un bono no remunerativo de $250.000 en dos cuotas, un 6% de incremento escalonado en cuatro meses y ajustes bimestrales atados al IPC —un mecanismo que históricamente persigue, nunca anticipa, la inflación.
Los uniformados no solo exigen un salario mínimo de $1.800.000 que les permita vivir con dignidad, sino que remarcan una verdad incómoda para el establishment político: el Estado rionegrino viola obligaciones internacionales al negarles el derecho a sindicalizarse. La Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece con claridad meridiana que los agentes de fuerzas de seguridad de carácter civil —como policías y penitenciarios— gozan del derecho a organizarse gremialmente, y que los poderes del Estado argentino están obligados de oficio a adecuar su normativa interna a estándares convencionales. Mientras La Pampa, Chubut y Neuquén avanzan en reconocimientos gremiales, Río Negro persiste en una postura autoritaria que criminaliza el reclamo pacífico y castiga con represalias administrativas a quienes alzan la voz.
La ironía perversa del decreto firmado por el jefe policial Daniel Bertazzo y el secretario Claudio Rodríguez Gilavert radica en que el propio gobierno reconoce su incapacidad para proveer insumos básicos: los policías denuncian que el magro incremento apenas alcanza para cubrir los gastos de indumentaria que, por ley, debería entregar el Estado. Así, el uniforme —símbolo de autoridad— se convierte en una carga financiera que hipoteca el bolsillo de quienes ganan menos que un albañil no calificado.
Ante este escenario, el Consejo de Bienestar anunció un plan de lucha que combina el reclamo salarial con la exigencia urgente de crear un sindicato autónomo. Muñoz llamó al diálogo, pero advirtió: “No negociaremos nuestra dignidad por migajas contables”. Mientras tanto, el gobierno provincial elige el silencio cómplice frente a una crisis que no es económica, sino ética: cuando el Estado paga salarios de pobreza a quienes custodian el orden, no solo traiciona a sus agentes; socava los cimientos mismos de la legitimidad democrática. Y peor aún: ignora una sentencia internacional que no es sugerencia, sino obligación jurídica vinculante. En democracia, los uniformes protegen a la ciudadanía; pero ningún uniforme debería servir para ocultar la miseria que el poder decide infligir a quienes lo visten.
