Con reclamos abiertos en casi todos los sectores del Estado, tensiones con la Policía y una fuerte embestida docente, la administración de Alberto Weretilneck parece optar por la confrontación antes que por el consenso.
El escenario político y social en Río Negro se tensa cada día más, con un gobierno provincial que, lejos de descomprimir, parece decidido a sostener —y profundizar— un rumbo de confrontación con los distintos gremios estatales. Mientras las paritarias siguen abiertas, los sindicatos ya advierten posibles medidas de fuerza, en un clima que combina desgaste, desconfianza y creciente conflictividad.
A la ya delicada negociación salarial se suma un frente particularmente sensible: el reclamo policial. Las protestas con acampes y la detención de su referente, Rubén Muñoz, no solo elevaron la tensión sino que también derivaron en fuertes cuestionamientos públicos hacia el gobernador Alberto Weretilneck, incluyendo acusaciones sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en decisiones judiciales. Lejos de aquietar las aguas, la respuesta oficial profundizó el conflicto: se dispusieron sanciones contra el suboficial que asumió el liderazgo del reclamo, con suspensión por dos meses y la amenaza de exoneración.
En paralelo, el frente docente suma presión. El Congreso Extraordinario de UnTER, realizado este miércoles en General Roca —Fiske Menuco—, resolvió por mayoría declarar insuficiente la propuesta salarial del gobierno y exigir una urgente convocatoria a paritaria antes de fin de marzo. Además, el gremio ratificó que, de no concretarse ese llamado, avanzará con el plan de lucha que incluye medidas de fuerza, cuya definición quedará en manos de un próximo congreso el 31 de marzo.
Pero el posicionamiento sindical va más allá de lo estrictamente salarial. Desde UnTER plantearon que el conflicto no es “una discusión técnica” ni un simple desacuerdo porcentual, sino la expresión de un modelo político. En un duro documento, acusaron al gobierno de ajustar, recortar y desvalorizar la educación pública, al tiempo que denunciaron una estrategia de “disciplinamiento” hacia los trabajadores mediante descuentos salariales por paro, enfermedad o participación sindical.
“El salario pierde contra la inflación, las propuestas llegan tarde y sin impacto real, y la política educativa se reemplaza por marketing”, sostuvieron desde el gremio, en una crítica directa a la gestión provincial. En ese marco, advirtieron que lo que está en juego no es solo una recomposición salarial, sino el sentido mismo de la educación pública y las condiciones en que se sostiene día a día.
Así, Río Negro transita un momento de alta conflictividad, donde los distintos reclamos comienzan a confluir en un mismo diagnóstico: la falta de respuestas estructurales y la decisión política de sostener un ajuste que impacta de lleno en los trabajadores estatales. Del otro lado, el gobierno parece reafirmar su estrategia, aun cuando el costo político y social crece al ritmo de la tensión.
