La central obrera dio por cerrada la posibilidad de negociar con el Gobierno cambios al proyecto de reforma laboral y reorientó su estrategia hacia los gobernadores. Sin contactos concretos con el oficialismo, el sindicalismo apuesta a reunir votos en el Senado y prepara un escenario de mayor confrontación.
(Data Clave).- A última hora del martes, la CGT dio por virtualmente clausurada cualquier chance de acercamiento con el Gobierno para negociar amortiguadores al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Tras esperar sin éxito una convocatoria atribuida a la senadora Patricia Bullrich y al denominado sector dialoguista del Ejecutivo, la central obrera resolvió cambiar el eje y concentrarse en el frente político provincial.
Pese a los anuncios públicos de Bullrich y de sus colaboradores sobre una supuesta apertura al intercambio con el sindicalismo, dentro de la organización no se registró ningún contacto concreto. Tampoco hubo señales hacia el equipo de abogados gremiales que aguardaba una llamada de Josefina Tajes, la asesora señalada para discutir posibles cambios en la norma.
En las últimas horas, dentro de la CGT convivieron lecturas contrapuestas. Algunos sectores vieron en la ausencia de negociaciones un indicio de debilidad legislativa del oficialismo, similar a la que en diciembre pasado obligó a diferir el tratamiento parlamentario hasta febrero. Otros, en cambio, advirtieron que el silencio podía responder a que los libertarios ya tendrían los votos necesarios, una hipótesis reforzada por la propia Bullrich, quien esta semana aseguró que 44 senadores acompañarían el proyecto.
Según el cálculo gremial, hoy la central obrera cuenta con 28 votos confirmados en el Senado contra la reforma. Con nueve más, el proyecto quedaría trabado en la Cámara alta y sus chances de prosperar se diluirían. Bajo esa lógica, el foco volvió a posarse sobre los gobernadores, un terreno que también el Ejecutivo reconoce como clave para empujar la iniciativa.
Puertas adentro, los sindicalistas miran con expectativa a mandatarios como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, con la esperanza de que al menos parte de sus legisladores propios se desmarquen del oficialismo nacional y compliquen el trámite parlamentario.
En ese contexto, el gremialismo sumó un respaldo inesperado. Tres cámaras empresarias se pronunciaron en contra de cinco artículos del proyecto. La nota difundida por CAC, CAME y Adimra cuestionó el punto que pone fin a las denominadas cláusulas obligacionales, entre ellas los aportes extraordinarios a favor de las propias entidades, y también rechazó que negociaciones de menor nivel puedan imponerse sobre las de alcance nacional.
Esos reclamos coinciden con los de la CGT. Por un lado, está en juego la validez de las cuotas solidarias que los gremios cobran a trabajadores no afiliados. Por otro, la jerarquía de las negociaciones colectivas que sostiene el poder de la central y de sus sindicatos. El antecedente que genera mayor rechazo es el de Brasil, donde durante el gobierno de Jair Bolsonaro una reforma laboral en 2017 priorizó acuerdos de menor nivel y eliminó la obligatoriedad de aportes sindicales, lo que derivó en un fuerte desfinanciamiento de las estructuras gremiales.
Tal como se venía señalando, la estrategia sindical se apoya en tres planos. El primero es la confrontación discursiva contra la reforma, incluso con la posibilidad de anunciar medidas de fuerza durante su debate parlamentario. El segundo es el trabajo político con gobernadores y bloques legislativos para debilitar los artículos que afectan derechos colectivos como la modalidad de asociación, la prevalencia de las negociaciones y la ultraactividad de los convenios. El tercero es una eventual negociación de bajo perfil con sectores dialoguistas del Ejecutivo, articulados por el asesor Santiago Caputo, una alternativa que en las últimas horas comenzó a diluirse.
En paralelo, el metalúrgico Abel Furlán, titular de la UOM, decidió acelerar el clima de confrontación. Este miércoles por la tarde se reunirá con un grupo de dirigentes que presionan por una respuesta más dura de la central. Participarán el aceitero Daniel Yofra, los aeronáuticos Pablo Biró y Edgardo Llano, el gráfico Héctor Amichetti y los bancarios que encabeza Sergio Palazzo, entre otros.
