Bajo el manto del secretismo y la impunidad, un magnate británico-emiratí habría levantado un aeródromo de dimensiones estratégicas y un bunker subterráneo en plena zona de seguridad fronteriza. El Gobierno provincial calla. Las fuerzas de seguridad están vetadas. Los impuestos no se pagan. Y nadie responde.
Mientras los rionegrinos debaten sobre tarifas y empleo, en las sombras de la Patagonia atlántica se teje una trama que pone en jaque los cimientos mismos de la soberanía nacional. La legisladora Magdalena Odarda elevó esta semana un contundente pedido de informes que trasciende lo administrativo para convertirse en una denuncia pública de gravedad institucional: en territorio rionegrino, en áreas sensibles de frontera marítima y cordillerana, se habrían construido infraestructuras aptas para uso militar por capitales extranjeros, sin autorización formal, sin control estatal y sin que la Legislatura —máximo órgano representativo de la ciudadanía— haya sido siquiera consultada.
El documento, al que accedió Perspectiva VM, desnuda una realidad inquietante. En pleno paralelo 42, a menos de dos horas de vuelo de la base de la OTAN en Monte Agradable (Islas Malvinas), se erige el aeródromo de Bahía Dorada S.A., propiedad del multimillonario Joseph Lewis a través de su empleado Nicolás Van Ditmar y del grupo vinculado a Emiratos Árabes Manzil S.A. La pista, de dimensiones comparables a las del Aeroparque Jorge Newbery, se extiende a apenas 1.000 metros del océano Atlántico y a 50 kilómetros de la frontera efectiva. Pero lo más grave no es su ubicación estratégica: es la absoluta opacidad que la rodea. No existe control radar estatal sobre sus operaciones aéreas. Gendarmería, Prefectura y la propia Policía de Río Negro han sido vetados de ingresar a sus instalaciones. No paga tasas municipales en Sierra Grande ni impuestos provinciales —ni inmobiliario ni ingresos brutos— pese al turismo de lujo que opera en sus cabañas frente al mar. Es, en los hechos, un enclave soberano dentro del territorio argentino.
Pero el aeródromo es solo la punta del iceberg. Según testimonios reservados por razones de seguridad, en el predio de la Estancia Hidden Lake S.A. —también propiedad de Lewis, en cercanías del emblemático “camino de Tacuifí”— se habría construido un complejo subterráneo de aproximadamente 4.000 metros cuadrados: un “bunker” -una especie de “refugio antiaéreo”con varios pisos subterráneos y otros en superficie, elaborado con materiales de alta resistencia- equipado con salas de control de comunicaciones, spa, canchas de paddle y un piso exclusivo para el magnate inglés. ¿Civil o militar? ¿Público o privado? Nadie lo sabe. Porque tampoco esta obra fue habilitada por organismo provincial alguno. Ni se visaron sus planos. Ni se evaluó su impacto ambiental tras la destrucción de rocas y bienes naturales del subsuelo. Ni se fiscalizó el uso desmedido de agua para su construcción.
Ante este escenario, Odarda no se limita a solicitar datos: exige respuestas urgentes al Ministro de Gobierno sobre la presencia de funcionarios estadounidenses en enero de 2026 —confirmada por vuelos con bandera norteamericana en la región— y su eventual visita a Hidden Lake. ¿Fueron diplomáticos? ¿Empresarios mineros interesados en tierras raras? ¿Intervino la Embajada de EE.UU.? Paralelamente, interpela a la Secretaría de Ambiente por un nuevo camino costero de 8 kilómetros construido ilegalmente alrededor del Lago Escondido, violando la línea de ribera y el camino de sirga, presuntamente arrasando flora autóctona sin estudio de impacto ambiental aprobado.
La pregunta que nadie se atreve a formular en los pasillos del poder rionegrino es la que Odarda pone sobre la mesa con crudeza jurídica: “¿Cuál es la razón de la presencia de un BUNKER APTO para uso militar, en propiedad de un ciudadano inglés-norteamericano, en plena ÁREA DE FRONTERA, cuando el país NO se encuentra en conflicto bélico?”.
Detrás de esta interrogante late una denuncia mayor: la sospecha razonable de que el poder político provincial no solo tolera estas irregularidades, sino que colabora activamente en su ocultamiento. Porque no es posible que obras de esta envergadura geopolítica —en zonas declaradas de seguridad nacional— se levanten sin que funcionarios provinciales firmen papeles, giren autorizaciones o, al menos, hagan la vista gorda. Y esa complicidad silenciosa es, en esencia, una traición a la Constitución y al pueblo que representa.
Mientras el Ejecutivo rionegrino guarda silencio y los organismos de control parecen haberse evaporado, la ciudadanía patagónica tiene derecho a saber: ¿hasta dónde llega la cesión de soberanía en nuestras fronteras? ¿Quiénes firman los permisos invisibles? Y sobre todo: ¿qué intereses extranjeros están redefiniendo, a espaldas del pueblo, el mapa estratégico de la Argentina austral?
El tiempo de las respuestas ya venció. Ahora comienza el de las responsabilidades.
