Tiene 65 años, una mano lesionada y más de dos décadas de trabajo en Río Negro. Volvió a Chimpay para una nueva temporada, pero la empresa le niega alojamiento en las gamelas y le retacea la documentación necesaria para iniciar su jubilación. Un caso que desnuda la falta de controles reales en el trabajo rural.
Un trabajador rural tucumano de 65 años, que desde hace más de veinte temporadas llega a Chimpay para “ganarse la vida”, sufre hoy una situación de extrema vulnerabilidad: no puede mover completamente una de sus manos por un accidente laboral y, aun así, regresó una vez más al establecimiento donde siempre trabajó. Lejos de recibir un trato acorde a su historia laboral y a su condición física, le negaron el alojamiento en las gamelas y le retacean la documentación necesaria para iniciar los trámites jubilatorios que le corresponden por derecho.
La grave situación se hizo pública a partir de una publicación en Facebook del concejal de General Enrique Godoy, Gabriel Musa. Allí relata el caso de Armando, conocido como “el Pollo”, trabajador rural tucumano con más de veinte años de labor en Río Negro. “Tiene 65. Lo conocí luchando. Hoy estuvo visitando a Ceferino Namuncurá. Lucha y cree”, escribió Musa.
Según el testimonio, el año pasado Armando sufrió un accidente que demoró en ser atendido por quienes correspondía, y hoy presenta una pérdida parcial de movilidad en los dedos de su mano izquierda. A pesar de ello, con el alta médica volvió a recorrer miles de kilómetros para trabajar una temporada más en el mismo lugar de siempre. Fue reubicado en tareas acordes a su limitación física, pero se le negó un lugar en las gamelas, las piezas donde se aloja a miles de trabajadores rurales durante la cosecha, aun cuando ese alojamiento es un derecho básico. Actualmente se encuentra a la intemperie, sostenido solo por la solidaridad de “manos amigas”.
Como si esa situación no fuera ya una muestra de abandono y maltrato, también se le está negando la entrega de las certificaciones laborales indispensables para iniciar sus trámites jubilatorios. La nota correspondiente fue enviada mediante la seccional de UATRE con intervención de la Secretaría de Trabajo. “Se debe dar una inmediata respuesta a un trabajador que reclama lo que le corresponde, ni más ni menos”, reclamó Musa en su publicación.
Este caso vuelve a poner en evidencia la enorme distancia entre la publicidad oficial del Gobierno de Río Negro y la realidad concreta que viven muchos trabajadores rurales. A juzgar por situaciones como esta, los establecimientos no parecen estar sometidos a los controles que deberían garantizar condiciones laborales dignas y el cumplimiento efectivo de la ley.
El escenario resulta todavía más inquietante si se recuerda que el ámbito de los trabajadores golondrina en Río Negro carga con una herida abierta e imborrable: la desaparición de Daniel Solano. Fue gracias a la investigación impulsada por los abogados de su familia que se lograron siete condenas a prisión perpetua para policías involucrados y se destaparon las irregularidades de una empresa multinacional en el tratamiento de trabajadores provenientes del norte argentino. Aquella causa dejó al desnudo un sistema de explotación, abandono y complicidades que, lejos de erradicarse, parece reproducirse bajo otras formas.
Aunque en la publicación no se menciona a la empresa responsable, queda flotando una presunción inquietante: que la patronal haya descontado aportes previsionales de los haberes sin haberlos efectivizado. La sospecha se fortalece ante la negativa a entregar la documentación laboral que permitiría a Armando iniciar su jubilación. Si nada hubiera que ocultar, ¿por qué impedirle acceder a papeles que son suyos por derecho?
Si bien el gremio ya tomó intervención, resulta inadmisible que la respuesta estatal no sea inmediata y contundente. El Estado provincial debe actuar de oficio, garantizarle un lugar digno donde vivir mientras trabaja, exigir la entrega inmediata de toda la documentación laboral, investigar posibles irregularidades en los aportes y aplicar las sanciones que correspondan por este evidente abuso de poder.
Un trabajador de 65 años, con una discapacidad adquirida en el ejercicio de su tarea, no puede quedar librado a la caridad ni a la buena voluntad de terceros. No se trata de un favor: se trata de derechos. Y cuando los derechos se violan con tanta impunidad, el silencio del Estado no es neutral, es complicidad.
