Si la pérdida del poder adquisitivo ya había encendido las alertas en el gremio docente, ahora la mecha se acorta peligrosamente. En un contexto de ajuste generalizado, el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro pretende imponer —sin debate, sin consenso, sin legitimidad— una reforma de corte neoliberal que amenaza con desnudar el corazón mismo de la educación pública: su carácter democrático, inclusivo y transformador.
Este martes 17 de febrero, docentes de nivel medio de Valle Medio se reunieron para consensuar un rechazo contundente a un proyecto que, bajo el disfraz de “modernización”, busca mercantilizar el sistema educativo. La cita congregó a representantes de las ESRN 47 y 25, los CET 20 y 29, y otras instituciones secundarias de la zona. El mensaje fue unívoco: no pasarán.
Una reforma que convierte aulas en mercados
Según denunciaron las y los profesores, el proyecto gubernamental introduce en la escuela la lógica del mercado: competencia entre docentes, evaluación estandarizada que reduce la enseñanza a métricas frías, y la transformación del trabajo educativo en “mano de obra barata” e intercambiable. Pero enseñar no es producir. Ser docente no es competir: es construir colectivamente, es acompañar trayectorias, es formar ciudadanía crítica.
Peor aún: la reforma pretende reducir a las y los estudiantes —con toda su complejidad, su potencia transformadora y su derecho a pensar— a recursos humanos domesticados, despolitizados, útiles solo para el engranaje productivo. Frente a esto, el colectivo docente fue taxativo: “Las y los estudiantes no son mercancía. Son sujetos de derecho”.
Imponer sin escuchar no es transformar: es autoritarismo
Lo más grave de esta ofensiva no es solo su contenido, sino su método. En Valle Medio, como en el resto de la provincia, no hubo instancias genuinas de participación. No hubo mesas de diálogo con quienes habitan la escuela todos los días: docentes, estudiantes, familias. Se pretende aplicar una transformación estructural de espaldas a la comunidad educativa, con la misma receta que la derecha internacional aplica en otros territorios: desmantelar lo público para entregarlo al mercado.
Esta no es una discusión técnica. Es una disputa política por el sentido de la educación. ¿Queremos escuelas que formen personas libres, críticas y solidarias? ¿O queremos fábricas de obediencia al servicio de un modelo excluyente?
El rechazo es el primer paso de la resistencia
La asamblea de Valle Medio no dejó lugar a dudas: la reforma, tal como está planteada, no puede avanzar. Los docentes exigieron la apertura inmediata de un proceso participativo, con tiempos reales de debate y con respeto a la autonomía pedagógica de las instituciones.
Pero más allá de las demandas concretas, el encuentro envió un mensaje simbólico poderoso: cuando la educación se amenaza, la comunidad se organiza. Y cuando los docentes se unen, la defensa de la escuela pública se vuelve irrenunciable.
Editorialmente, es necesario decirlo con claridad: ninguna “eficiencia” administrativa justifica sacrificar los principios de una educación democrática. Ningún discurso de “innovación” legitima la imposición vertical. Y ningún gobierno, por más que invoque emergencias económicas, tiene derecho a convertir a estudiantes y docentes en variables de ajuste.
La educación no es un gasto. Es un derecho. Y en Río Negro, como en toda la Argentina, su defensa es una causa de todas y todos. Valle Medio ya dijo presente. Ahora le toca al resto de la provincia escuchar, debatir —y, sobre todo, respetar.
