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(VIDEO)Chimpay: el caso de violencia laboral salta a la arena política y el Partido Obrero apunta contra el intendente

El concejal Gabriel Musa viajó a la localidad para respaldar a la trabajadora municipal que denunció acoso y hostigamiento. Mientras la víctima afirma que el municipio “no hace nada”, desde el Ejecutivo aseguran que el caso ya está en manos de la Justicia y de los órganos administrativos.

La denuncia por violencia laboral y de género contra una trabajadora municipal de Chimpay —que se viralizó en redes sociales y que este medio dio a conocer en exclusiva— escaló en las últimas horas al plano político. El concejal del Partido Obrero de General Enrique Godoy, Gabriel Musa, se trasladó hasta la localidad para acompañar públicamente a la empleada que acusa maltrato, hostigamiento y acoso por parte de un capataz del municipio.

A través de un video difundido en Facebook desde Chimpay, Musa aseguró que la situación denunciada reviste “una gravedad muy grande” y señaló que la trabajadora, identificada como Vanina, ya cuenta con una resolución judicial de la jueza Patricia Rosana Rosetti que ordena medidas de protección en el marco de violencia contra la mujer.

“Hay una resolución donde se prohíbe todo acto de violencia contra Vanina y se notifica a la Municipalidad de Chimpay. El intendente Gustavo Sepúlveda ya está notificado”, afirmó el concejal, quien además responsabilizó políticamente al jefe comunal por la situación laboral de la trabajadora.

Musa sostuvo que la denuncia también expone un cuadro de precarización laboral dentro del municipio. Según relató, la empleada cumple seis horas de trabajo, pero sólo tres figuran formalmente registradas. “Labura tres horas en blanco y tres horas en negro. Si falta le descuentan el día y no tiene qué llevar a su casa”, expresó.

El dirigente del Partido Obrero también denunció que, pese a presentar certificados médicos, la trabajadora no estaría recibiendo reconocimiento de sus ausencias. “Si falta le descuentan igual. Por eso queremos acompañar su denuncia y que se cumplan las medidas judiciales”, agregó.

En el mismo video, Vanina relató su situación y apuntó directamente contra las máximas autoridades municipales. Según afirmó, tanto el intendente Gustavo Sepúlveda como el secretario de Gobierno y presidente del Concejo Deliberante, Lucas Carrasco, conocen el conflicto pero —según su versión— hasta ahora no hubo respuestas.

“Quiero que se haga algo porque el intendente y el secretario de Gobierno saben lo que está pasando y nadie vino a preguntar cómo estoy o si se llegó a alguna solución”, expresó.

La trabajadora también relató el impacto personal que le generó el conflicto. “Estoy yendo al psicólogo. No es nada lindo lo que está pasando. Y lo más franco es que nadie hace nada”, afirmó.

Según su testimonio, tras realizar los reclamos laborales le retiraron horas extras y teme represalias. “No tengo horas extras y estoy reclamando que se me paguen las de antes. Espero que después de un mes de trabajo me las paguen como dijeron”, señaló.

Desde el municipio, en tanto, la respuesta llegó a través de una publicación en la cuenta personal de Facebook de Lucas Carrasco, quien habló en nombre de la Municipalidad de Chimpay.

En ese comunicado, el Ejecutivo sostuvo que los hechos denunciados ya fueron puestos en conocimiento de la Justicia y que el municipio se puso “a total disposición para colaborar con el esclarecimiento de la situación”.

Además, informó que se dispuso la intervención de la Junta de Calificación y Disciplina para analizar los antecedentes administrativos y actuar según los procedimientos institucionales vigentes.

“Desde el Municipio se reafirma el compromiso de actuar con responsabilidad, objetividad y respeto institucional”, expresó Carrasco, remarcando que el caso será tratado por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

Sin embargo, mientras la burocracia institucional se pone en marcha, el conflicto ya salió del despacho municipal y se instaló en la agenda pública. Con una denuncia que mezcla violencia de género, precarización laboral y silencio político, el caso amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión para la gestión de Sepúlveda en Chimpay.

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