Rubén Muñoz, detenido tras reclamar mejoras salariales, asegura ser “un preso político”, denuncia irregularidades judiciales y vincula al actual ministro Daniel Jara con hechos controvertidos de su gestión policial.
Desde el interior de un establecimiento penitenciario, el policía Rubén Muñoz, detenido desde hace 33 días, realizó una extensa y detallada exposición pública a través de una transmisión en redes sociales del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario. En su testimonio, no solo cuestiona el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento, sino que también formula graves acusaciones contra el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, por su desempeño previo como jefe de Policía.
Muñoz se autodefine como “preso político” y sostiene que su detención es consecuencia directa de su rol como referente en el reclamo por mejoras salariales para efectivos policiales y penitenciarios. “Estoy pagando con prisión por un hecho que no existió”, afirma, en referencia a una causa por amenazas que —según su versión— nunca pudieron ser acreditadas en juicio.
Un juicio bajo sospecha
El origen de su condena se remonta a un cruce verbal con Jara en un supermercado, cuando este aún no era ministro. Muñoz asegura que en ese encuentro solo le recriminó cuestiones vinculadas a su gestión, sin mediar amenazas. Sin embargo, el proceso judicial avanzó en su contra.
Según detalla, ninguno de los testigos presenciales —ni una persona allegada a Jara, ni el cajero del comercio, ni una integrante del propio Consejo— confirmó la existencia de amenazas. Aun así, la fiscalía sostuvo la acusación, y el fallo terminó apoyándose en una interpretación subjetiva: el tiempo que Muñoz permaneció hablándole “al oído” al funcionario.
El propio acusado señala como irregular que la causa haya sido encabezada por una fiscal en jefe, algo que considera inusual. También denuncia que fue presionado a aceptar un juicio abreviado: “Me dijeron que era muy difícil ganarle al poder político y que si perdía iba a quedar preso. Terminé aceptando una culpabilidad que no existió para mantener mi libertad”.
Esa libertad, sin embargo, fue posteriormente revocada, derivando en su actual encarcelamiento.
Cuestionamientos a la figura de Jara
En su testimonio, Muñoz va más allá del plano personal y apunta directamente contra la trayectoria de Jara. Lo vincula con episodios sensibles de la historia reciente de la policía rionegrina.
Uno de los casos mencionados es el del joven oficial Lucas Muñoz, cuyo crimen aún no fue esclarecido. Según el detenido, Jara —entonces jefe policial— habría ingresado al lugar donde se halló el cuerpo sin autorización judicial y antes de la llegada de fiscales y peritos, lo que, de confirmarse, implicaría una grave irregularidad procesal.
Muñoz también recuerda que el oficial estuvo desaparecido durante más de 20 días, fue torturado —con un disparo en la rodilla— y finalmente ejecutado con su propia arma reglamentaria, en un hecho que califica como “un mensaje directo” cuyo trasfondo aún se desconoce.
Otro expediente cuestionado es el de Otoño Uriarte. Según Muñoz, la investigación encabezada por Jara se basó en pruebas débiles —como rastros odoríficos caninos— que no resistieron el análisis judicial, lo que derivó en la caída de condenas y la liberación de los imputados.
Denuncia por condiciones laborales y suicidios
Uno de los tramos más sensibles del relato refiere a la situación interna de la fuerza policial durante la gestión de Jara. Muñoz afirma que más de 29 efectivos se quitaron la vida en ese período, y atribuye esos hechos a “traslados arbitrarios” y a un estilo de conducción que define como “dictatorial”.
Relata casos concretos, como el de un agente de la Línea Sur que solicitaba ser trasladado para reunirse con su familia en Viedma y, ante la negativa, terminó suicidándose. “No era por un problema económico, era por no poder ver a su familia”, enfatiza.
Restricciones, activismo y nueva detención
Muñoz sostiene que su accionar siempre se mantuvo dentro de los canales legales, rechazando medidas como el acuartelamiento por considerar que pondrían en riesgo a la المجتمع. En cambio, reivindica las protestas pacíficas, marchas y campamentos como herramientas legítimas.
No obstante, denuncia que las restricciones judiciales impuestas —como la prohibición de nombrar a Jara o acercarse a dependencias— terminaron limitando su capacidad de reclamo. Incluso asegura que una mención involuntaria del ministro en una entrevista periodística derivó en sanciones adicionales dentro de su condena.
Su detención más reciente está vinculada a un episodio durante una protesta en Viedma. Según la acusación, habría hostigado a Jara, algo que Muñoz niega categóricamente. Asegura que desconocía la presencia del funcionario en el lugar y que, aun de haberlo sabido, existía un fuerte vallado policial que impedía cualquier contacto.
“Un juicio contra el poder”
A lo largo de su exposición, Muñoz insiste en que su caso no puede analizarse de manera aislada. Lo define como “un juicio contra el poder político” y plantea que su encarcelamiento busca disciplinar a quienes encabezan reclamos dentro de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, continúa detenido, utilizando un teléfono limitado a llamadas y mensajes de texto, desde donde intenta sostener contacto con sus seguidores y visibilizar su situación.
El trasfondo del conflicto —que combina denuncias institucionales, cuestionamientos judiciales y reclamos salariales— abre interrogantes sobre el funcionamiento interno de la fuerza policial, el rol del poder político y la independencia de la Justicia en la provincia.
Muñoz denuncia persecución política y torturas en prisión tras revocación de su libertad condicional
El policía detenido asegura que su encarcelamiento se aceleró tras un cruce con el gobernador Alberto Weretilneck y denuncia graves violaciones a sus derechos dentro del penal.
La situación judicial y carcelaria del policía Rubén Muñoz suma nuevos elementos de gravedad a partir de su último testimonio público, donde apunta directamente contra decisiones judiciales, presuntas presiones políticas y condiciones de detención que califica como “tortura”.
Según su relato, la revocación de su libertad condicional se produjo en un contexto que considera irregular. Muñoz asegura que inicialmente fue citado a una audiencia virtual con el juez, lo que —según su interpretación— indicaba una eventual advertencia y no una detención inmediata. “La ley permite hasta tres llamados de atención antes de revocar la condicional”, explicó.
Sin embargo, el escenario cambió tras un episodio ocurrido en la ciudad de Cipolletti, donde participó de un reclamo al gobernador Alberto Weretilneck. Allí, según su versión, el mandatario se negó a dialogar con él argumentando que “no era policía”, mientras que —afirma— otros efectivos que tomaron la palabra habrían sido sancionados, como el caso de Henry Espinosa.
Para Muñoz, ese hecho marcó un punto de inflexión: “Entre la citación del viernes y la audiencia del lunes, lo único que cambió fue ese cruce con el gobernador”, sostuvo, sugiriendo una posible injerencia política en la decisión judicial que derivó en su detención efectiva.
Detención y decisión judicial cuestionada
Durante la audiencia virtual, el juez interviniente —identificado por Muñoz como Romera— dispuso finalmente su presentación inmediata en tribunales, lo que derivó en su detención. El ex policía afirma que la medida fue desproporcionada: “La prisión efectiva es la última ratio en la justicia, y conmigo la aplicaron directamente, sin considerar alternativas como tobillera o prisión domiciliaria”.
Además, señala que la acusación se basa en un supuesto incumplimiento de restricciones —por haber estado a unos 50 metros del ministro Daniel Jara durante una protesta— y en presuntos dichos que habrían sido interpretados como hostigamiento.
Denuncias por condiciones de detención
Uno de los aspectos más sensibles del testimonio refiere a las condiciones en las que permanece detenido en el penal conocido como “Maruchito”. Muñoz denuncia un régimen de aislamiento extremo: asegura que pasó varios días incomunicado, con apenas una hora diaria de patio y sin acceso a medios de comunicación adecuados.
Relata que durante los primeros días no se le permitió ingresar utensilios básicos, lo que lo obligó a alimentarse con las manos. También denuncia la falta de calefacción adecuada, señalando que el único sistema disponible es un artefacto precario que considera peligroso para la salud.
“Estar 23 horas encerrado en un espacio reducido es vejatorio. Esto no es cumplir una condena, es una tortura”, afirmó.
Asimismo, asegura haber sido víctima de agresiones físicas por parte de personal penitenciario en su primera noche de detención, hecho que —según indica— ya fue denunciado. También menciona situaciones de hostigamiento, intimidación con armas y provocaciones constantes.
Restricciones, incomunicación y presunto trato desigual
Muñoz también cuestiona restricciones específicas que considera arbitrarias, como la imposibilidad de acceder a un teléfono con aplicaciones de mensajería, a diferencia de otros internos. Afirma que incluso se le habría exigido firmar condiciones para limitar sus comunicaciones con la prensa.
En ese sentido, denuncia un trato desigual respecto a otros detenidos, algunos de los cuales —según sostiene— cuentan con acceso a Wi-Fi, computadoras y mayor tiempo de recreación.
“¿Por qué a mí se me restringe todo y a otros no? ¿Qué criterio se está aplicando?”, se pregunta.
Acusaciones de encubrimiento y destrucción de pruebas
Otro punto crítico es la denuncia sobre la supuesta eliminación de registros fílmicos dentro del penal. Muñoz asegura haber solicitado formalmente la preservación de cámaras de seguridad que habrían registrado episodios de violencia y hostigamiento, pero afirma que ese material fue borrado.
“Eso implica la comisión de un delito para encubrir lo que pasa adentro”, denunció.
También cuestiona la actuación de la fiscalía, a la que acusa de actuar con rapidez en su contra —por ejemplo, al iniciar una causa por presunto intento de fuga— mientras que, según su versión, demora o desestima investigaciones sobre sus denuncias.
Habeas corpus rechazado y denuncias sin respuesta
El detenido presentó un habeas corpus para denunciar las condiciones de detención, pero asegura que fue rechazado sin modificaciones en su situación. También afirma haber elevado múltiples notas a autoridades penitenciarias y judiciales sin obtener respuestas.
Entre sus denuncias más graves, menciona presuntas amenazas e insinuaciones que interpreta como una incitación al suicidio, lo que agrava el cuadro de vulnerabilidad.
Señalamientos de corrupción y responsabilidades políticas
Muñoz también desliza acusaciones de presuntas irregularidades administrativas dentro del penal, incluyendo el manejo de recursos y provisiones. Sin aportar documentación en su testimonio, plantea interrogantes sobre compras, infraestructura y manejo de insumos.
En paralelo, insiste en la existencia de una “cadena de mando” que vincularía las decisiones dentro del penal con niveles superiores del poder político, incluyendo al ministro Jara y al gobernador Weretilneck.
Un caso que escala en tensión institucional
El testimonio concluye con un fuerte posicionamiento político y sindical, en el que Muñoz reafirma su rol como referente del reclamo policial y convoca a la organización del sector.
Mientras tanto, su situación judicial continúa abierta, en medio de denuncias que —de comprobarse— podrían implicar serias responsabilidades institucionales. El caso vuelve a poner en debate la relación entre el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad en la provincia, así como las condiciones de detención en el sistema penitenciario.
