El Consejo de Bienestar Policial anunció movilizaciones y un acampe indefinido tras calificar de “miserable” la recomposición salarial. Mientras el Ejecutivo exhibe montos inflados con ítems ilegales, el sueldo básico real de un agente —la base de su carrera y jubilación— se mantiene en la indigencia: $54.965. El sistema no solo paga mal: diseña pobreza estructural.
Río Negro se convierte en el epicentro de una rebelión policial que desnuda la hipocresía salarial del Estado: este viernes a las 17, en General Roca, comenzarán movilizaciones y un acampe permanente e indefinido del personal policial y penitenciario en rechazo a una recomposición que Rubén Muñoz, vocero del Consejo de Bienestar Policial, calificó sin eufemismos como “escueta, mínima, miserable, prácticamente irrisoria y burlesca”. Lejos de apaciguar los ánimos, el anuncio gubernamental encendió el enojo ante un futuro que, para miles de uniformados y sus familias, se perfila como un callejón sin salida.
La protesta no es un arrebato: es la respuesta organizada a un diseño perverso. Como reveló el legislador Luciano Delgado Sempé, el Gobierno provincial oculta deliberadamente el dato crucial: el sueldo básico real —la “Asignación del Grado” establecida por la Ley 679— de un agente rionegrino es de apenas $54.965,97. El resto son parches ilegales: sumas no remunerativas, ítems inconstitucionales y conceptos que no impactan en aguinaldo, jubilación ni progresión en la carrera. Así, un policía con 16 años de servicio —expuesto diariamente al riesgo, a turnos rotativos y a la fragmentación familiar— cobra en mano menos de $1.300.000. El Ejecutivo exhibe cifras maquilladas para ocultar una verdad incómoda: no hay salario digno cuando el básico es indigente.
“Lo que hizo el Gobierno no fue mejorar salarios, sino desvirtuar la estructura salarial”, denunció Delgado Sempé. Congeló la Asignación del Grado mientras inflaba recibos con ítems efímeros que empobrecen estructuralmente al trabajador: menor haber jubilatorio, menor antigüedad computable, menor zona desfavorable. Es pobreza institucionalizada por decreto.
Muñoz advirtió que Río Negro “comienza la lucha policial” en un contexto nacional donde Chubut, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe también enfrentan conflictos similares, aunque un “cerco mediático” intenta invisibilizar la crisis. La semana próxima el acampe se trasladará a Viedma —aunque con estrategia calculada para evitar movilizarse en feriados sin funcionarios presentes— y se habilitará un alias para recibir colaboraciones destinadas a solventar carpas, traslados y alimentación. “Toda lucha necesita una estructura”, afirmó Muñoz, quien remarcó que las medidas serán “ordenadas” pero firmes: “No queremos una cacería de brujas ni policías enfrentados con policías. El sueldo no alcanza y eso lo sabe todo el mundo”.
El mensaje es contundente: el Estado no remunera a sus fuerzas de seguridad; las administra en la precariedad. Y cuando el hambre supera el miedo, hasta quienes juraron defender el orden se convierten en la voz más incómoda del descontento social. El Gobierno tiene dos caminos: dialogar ya o enfrentar el costo político de una rebelión que ya no pide migajas, sino dignidad.
