Un día después de haberle reclamado cara a cara a Alberto Weretilneck por los salarios policiales, el referente del Consejo de Bienestar Policial sufrió un revés judicial: el juez Fernando Romera revocó su condena condicional por incumplir restricciones y ordenó su detención efectiva.
El dirigente policial Rubén Muñoz, una de las caras más visibles del reclamo salarial de la fuerza en Río Negro, quedó detenido este lunes por orden del juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien dispuso revocar la condena condicional que pesaba sobre él y ordenó su encarcelamiento efectivo tras constatar un nuevo incumplimiento de las restricciones judiciales impuestas en su contra.
La resolución judicial se conoció apenas un día después de que Muñoz protagonizara un tenso intercambio con el gobernador Alberto Weretilneck durante un acto público, donde el referente del reclamo policial se acercó al mandatario para pedirle que abra el diálogo por la crítica situación salarial que atraviesan los efectivos.
Según testigos, el gobernador respondió que Muñoz “no era policía” —aunque todavía no había sido formalmente exonerado de la fuerza— y le sugirió que llevara su reclamo político “a quienes lo mandan”, insinuando que el dirigente actuaba impulsado por el entorno político de la intendenta de General Roca.
La chicana política, sin embargo, queda relativizada en un contexto donde el malestar salarial atraviesa a buena parte del Estado provincial. Docentes, trabajadores afiliados a ATE y UPCN, y ahora también sectores policiales, mantienen reclamos por ingresos que consideran insuficientes frente a la inflación, configurando un clima de creciente tensión social con el gobierno provincial.
En ese marco, durante una audiencia realizada este lunes, Romera evaluó el cumplimiento de las pautas de conducta impuestas a Muñoz en una condena previa y concluyó que el dirigente volvió a incumplir una de las restricciones centrales: la prohibición de acercamiento, contacto o hostigamiento hacia el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, quien figura como víctima en una de las causas que derivaron en la sentencia.
Muñoz registraba dos condenas anteriores. La primera, de tres años de prisión en suspenso, por los delitos de coacción, perturbación al ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos, causa en la que había aceptado su culpabilidad. La segunda, por amenazas simples, con una pena de ocho meses de prisión.
Ambas sentencias fueron unificadas en una única pena de tres años de prisión de ejecución condicional, sujeta al estricto cumplimiento de reglas de conducta durante el período de prueba, entre ellas la prohibición de acercamiento o contacto con el ministro Jara.
Durante la audiencia, el magistrado recordó que Muñoz ya había registrado un incumplimiento previo de esas condiciones. Con los nuevos elementos presentados en el debate, el juez consideró acreditada una segunda vulneración de las restricciones judiciales, lo que motivó la revocación de la condicionalidad de la pena y la inmediata orden de detención para su traslado a una unidad penitenciaria.
La defensa del dirigente expresó su desacuerdo con la resolución y adelantó que presentará un recurso de revisión. De formalizarse, el planteo deberá ser analizado por un tribunal integrado por jueces de juicio que revisará la decisión adoptada en el fuero de Ejecución Penal.
Horas antes de conocerse la resolución, Muñoz había anunciado entre lágrimas su renuncia al trabajo que desempeñaba en el Concejo Deliberante de General Roca. Según explicó en un video difundido en redes, tomó esa decisión para evitar que su participación en el reclamo policial fuera interpretada como una maniobra política vinculada al peronismo roquense.
“Estoy muy triste, pero es lo que hay que hacer. No quiero que el conflicto se politice. Yo lucho por los derechos de los trabajadores”, afirmó visiblemente quebrado.
En el mismo mensaje, denunció presiones políticas y sostuvo que no abandonará el reclamo: “Así como me quitaron mis 20 años de policía, ahora me quedo sin el único trabajo que tenía. Pero no voy a entregar a mis compañeros ni voy a dejar de luchar por los policías”.
Poco después de ese descargo público, se confirmó que el dirigente deberá cumplir prisión efectiva, en un giro abrupto que transforma al principal vocero del reclamo policial en protagonista de uno de los episodios políticos y judiciales más explosivos de la crisis salarial que atraviesa la provincia.
Con información de la Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro y del Consejo de Bienestar Policial
