“Particular traición al mandato constitucional”, dijeron los jueces que condenaron esta semana al exfiscal Alejandro Cantaro por proteger a los “Narcochetos”, una banda narco que integraba su sobrino, al que intentó proteger.
(Tiempo Argentino).- El exfiscal federal general en Bahía Blanca Alejandro Cantero fue condenado a seis años de prisión luego de que se lo encontrara culpable de brindar protección a una banda de narcotraficantes que tenía entre sus integrantes a un sobrino suyo.
“Esta particular traición al mandato constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”, sostuvo el Tribunal Oral Federal Criminal que lo condenó.
Los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco consideraron al exfiscal como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito atribuido.
El tribunal ordenó su detención -aunque permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme-, la imposición de una multa de 472 unidades fijas y la inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública.
Los jueces condenaron a Cantaro por haber protegido entre 2017 y 2018 a la denominada banda de los “Narcochetos 2”, dedicada al narcotráfico en esa ciudad del sur bonaerense e integrada por uno de sus sobrinos.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó al exfiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca de haber ayudado a los miembros de la banda “Narcochetos 2” -en particular, a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a Facundo Texido-, entre el 22 de marzo del 2017 y 14 de abril del 2018, cuando él, por su cargo, estaba encargado de investigar y perseguir tales delitos.
El tribunal remarcó la omisión recurrente por parte de Cantaro de solicitar, en la causa que investigaba, la intervención telefónica de su sobrino Gauna San Millán “pese a la abundante evidencia que lo vinculaba directamente con las actividades de narcotráfico investigadas”.
En ese sentido, los jueces indicaron que “constituye un elemento de convicción que refuerza la tesis acusatoria respecto de la necesaria intervención de Cantaro en la protección y favorecimiento directo de la organización criminal denominada ´Narcochetos 2´”.
“La contribución de Cantaro durante el período imputado, entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril 2018, estuvo centrada medularmente en aportarles información esencial para que operaran sin ser descubiertos; posibilitándoles tomar recaudos en sus conversaciones telefónicas; y, en el caso particular de su principal protegido (Sebastián Gauna San Millán), ofrecerle la posibilidad de eludir la investigación de la justicia fugándose a la provincia de Córdoba”, sostuvo el tribunal.
Los jueces indicaron que “el aquí juzgado, en su carácter de fiscal general de la jurisdicción, Fiscal Coordinador de Distrito y máximo responsable del Área de Delitos Complejos a nivel local, fue destinatario de una confianza especial por parte del Estado, quien le confirió una situación de privilegio institucional”.
Y además remarcaron que “la deslealtad institucional puesta de manifiesto por el encartado, al reconfigurar su ámbito de competencia funcional, adaptándolo para favorecer los intereses de la organización criminal en lugar de perseguir sus actividades conforme a sus deberes a cargo, justifica la mayor punición en tanto supone un ejercicio abusivo de la función pública legalmente encomendada”.
