Desde hace tiempo, el Consejo de Bienestar Policial viene denunciando el deterioro de las unidades policiales y carcelarias de la provincia, situación que obliga al personal a desempeñarse en condiciones precarias. Aunque en un principio las advertencias fueron desestimadas bajo el argumento interno de que se trataba de una “operación política”, el tema volvió a instalarse con fuerza: ahora son las organizaciones que asisten a personas privadas de la libertad quienes alertan públicamente sobre el hacinamiento “insostenible” y la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo, mientras reclaman una reacción más firme de la Justicia.
La discusión se reavivó tras el incidente de intoxicación con monóxido de carbono de tres agentes penitenciarias en el Penal N°2 de General Roca. Según recordó el Consejo en un extenso posteo en redes sociales, previamente el legislador provincial Luciano Delgado Sempé había solicitado una inspección por irregularidades edilicias en ese establecimiento, advirtiendo sobre las condiciones en las que deben trabajar cientos de penitenciarios en distintos puntos de Río Negro.
Entre los problemas denunciados figuran conexiones clandestinas de luz, agua y gas que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, garitas sin calefacción, baños ni vidrios, horarios “de explotación” y salarios bajos. El pedido de inspección fue elevado a la secretaria de Trabajo de la provincia, María Marta Aviles, pero según el Consejo, la presentación “fue cajoneada”, lo que derivó en que días después ocurriera el grave episodio con las tres penitenciarias intoxicadas.
En su comunicado, la organización fue especialmente crítica con la funcionaria, a quien acusaron de minimizar la situación, de “responder con agravios” al legislador que promovió el pedido de inspección y de “bloquear” a los referentes del Consejo en redes sociales tras sus reclamos.
“Bueno María Marta Aviles, para que UD se entere, nuestras colegas también son mujeres y casi mueren por su inacción. Además quedaron con secuelas de por vida… y también son madres”, señalaron desde la entidad en un duro mensaje público.
Finalmente, el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro expresó que “los policías y penitenciarios ya no somos un trapo para que cualquiera nos pisotee”, ratificando que continuarán impulsando medidas para mejorar las condiciones laborales y agradeciendo el acompañamiento del legislador Delgado Sempé.
La crisis carcelaria en Río Negro, que involucra tanto a internos como al personal que trabaja en las unidades, se consolida así como un tema central en la agenda provincial, a la espera de una respuesta concreta de las autoridades competentes.
