Un grupo de diputados de Encuentro Federal, encabezado por Oscar Agost Carreño y acompañado por Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón, presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El pedido surge como respuesta al Decreto 681/2025, con el que el Gobierno promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine de dónde saldrán los fondos para financiarla. Para los legisladores firmantes, se trata de una maniobra “ilegal e inconstitucional” que desconoce la división de poderes y viola una norma sancionada e insistida por ambas Cámaras.
Qué implica la moción de censura
La moción de censura, contemplada desde la reforma constitucional de 1994, es un mecanismo excepcional de control político. Primero, una de las Cámaras debe aprobar la interpelación del jefe de Gabinete por mayoría absoluta (129 diputados o 37 senadores). Si prospera, puede derivar en la votación de censura, que también requiere mayoría absoluta en ambas Cámaras y cuya consecuencia inmediata es la remoción del funcionario.
Aunque la oposición podría alcanzar hoy esos números, en la Casa Rosada interpretaron el planteo como una advertencia antes que una decisión definitiva. Además, la Constitución no impide que el Presidente Milei vuelva a designar a Francos en el cargo, tal como ocurre con las leyes vetadas y luego sancionadas nuevamente por el Congreso.
Los fundamentos de la ofensiva
En el texto ingresado, los diputados enumeraron como causales: nulidad e ilegalidad del decreto, incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, violación de la división de poderes, omisión en la asignación de partidas y desconocimiento de la Ley de Administración Financiera.
“El Presidente ha desoído sistemáticamente las leyes sancionadas por el Congreso”, denunció Agost Carreño, al recordar los vetos a la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y ahora la de discapacidad. Y agregó: “La promulgación de la ley pero sin cumplirla sienta un peligroso antecedente, condicionando al Congreso con una interpretación ilegal e inconstitucional”.
Para los impulsores, la responsabilidad recae en Francos: como jefe de Gabinete es quien debe reasignar partidas presupuestarias para ejecutar la ley. “La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, advirtió Carreño.
Reacciones políticas y críticas transversales
El debate escaló de inmediato y sumó voces críticas en todo el arco opositor. Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, comparó: “Es de pésimo gusto que el mismo día que dicen que no hay fondos para la discapacidad, eliminen retenciones al campo sin medir el impacto fiscal. Ahí sí no importa el déficit”.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro habló de “nulidad absoluta” y acusó al Presidente de inventar procedimientos que la Constitución no contempla. En la misma línea, Esteban Paulón calificó la maniobra como “constitucionalismo creativo” y advirtió que incluso puede derivar en denuncias penales o pedidos de juicio político.
El bloque de Unión por la Patria también se sumó al reclamo. Julia Strada recordó que el Congreso insistió en la sanción tras el veto presidencial y Victoria Tolosa Paz cuestionó: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU.? Es una burla”. Germán Martínez, jefe de bancada, apuntó contra la política económica: “Ya no se puede disimular. El programa hace agua por todos lados”.
Incluso referentes de la UCR como Martín Lousteau remarcaron que el problema es de prioridades y no de falta de presupuesto: “Hace dos años que no tenemos presupuesto y el jefe de Gabinete asigna partidas discrecionalmente. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos?”.
El trasfondo del decreto
El Decreto 681/25, publicado el 22 de septiembre, promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026 pero la condicionó al financiamiento parlamentario. Según cálculos oficiales, su implementación costaría más de tres billones de pesos, equivalentes al 0,35% del PBI.
El Gobierno defendió la decisión en nombre del equilibrio fiscal, al señalar que ninguna ley puede autorizar gastos sin prever recursos. Para la oposición, en cambio, fue una “gambeta institucional” que desconoce la voluntad del Congreso.
El tema resulta aún más sensible por el contexto: protestas en todo el país por los recortes en el área de discapacidad y las denuncias de corrupción que involucraron al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, con presuntas maniobras vinculadas a la secretaría de Presidencia.
Con el pedido de moción de censura sobre la mesa, Francos podría convertirse en el primer jefe de Gabinete en enfrentar este mecanismo desde la reforma constitucional de 1994.
