La Legislatura de Río Negro constituyó este martes la Comisión de Sala Acusadora, el órgano encargado de intervenir en las denuncias que pueden derivar en un juicio político. Con este paso formal, se habilita el inicio del procedimiento solicitado por la familia de Gabriel Mandagary, aunque para que haya avances será indispensable que los denunciantes ratifiquen su presentación contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia, por su actuación en la causa que investigó la muerte del joven oficial de policía.
La Comisión quedó presidida por el legislador de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Lucas Pica; la acompañan Silvia Morales (JSRN) como vicepresidenta y Ariel Bernatene (UCR) como secretario. También la integran los parlamentarios Facundo López (JSRN) y Gabriela Picotti (PRO).
Tras la conformación, Pica explicó que la Constitución Provincial y la legislación específica establecen un procedimiento claro: ante el ingreso de una denuncia, el primer paso es citar fehacientemente al denunciante para que ratifique o desestime los hechos expuestos. “Si el denunciante no ratifica la denuncia, no tiene objeto seguir adelante, porque no tendríamos un expediente para tratar. En cambio, si hay ratificación, comenzaremos a trabajar inmediatamente”, señaló.
Con esta formalidad en marcha, la Legislatura deberá convocar a la familia Mandagary mediante los mecanismos previstos: telegrama o carta documento remitida por la Secretaría Parlamentaria. Según adelantó Pica, estas gestiones administrativas comenzarán de manera inmediata.
En caso de que la familia confirme su denuncia, la Comisión solicitará los expedientes y toda la documentación que fundamentó la presentación. Desde ese momento, contará con un plazo de 40 días para emitir dictamen. Además, el órgano posee amplias facultades de investigación, por lo que podrá requerir informes, tomar testimoniales y realizar otras medidas consideradas pertinentes.
Pica remarcó que, ante una eventual ratificación, la Comisión volverá a reunirse para establecer un esquema de trabajo y definir si será necesario convocar testigos u ordenar nuevas diligencias. “Nos parece importante que estos temas se trabajen de cara a la sociedad. Cualquier legislador o interesado podrá asistir a las reuniones, aunque las decisiones serán tomadas únicamente por quienes integran la comisión”, enfatizó.
El legislador reiteró que todo el proceso está supeditado al paso inicial: la ratificación o no de la denuncia por parte de la familia Mandagary. Solo a partir de esa confirmación podrán activarse las siguientes etapas del procedimiento de juicio político.
