La iniciativa que ingresó al Parlamento propone un esquema rígido para ejercer la huelga, con requisitos previos, servicios mínimos obligatorios y sanciones severas ante bloqueos, ocupaciones o medidas sorpresivas. La autora, recientemente integrada al bloque libertario, asegura que busca otorgar seguridad jurídica.
(Data Clave).- La diputada nacional Verónica Razzini, que acaba de sumarse al bloque de La Libertad Avanza, llevó al Congreso un proyecto que apunta a establecer un marco detallado y estricto sobre el ejercicio del derecho de huelga. La propuesta, respaldada por otros 14 legisladores, sostiene que existe una “necesidad imperiosa” de aportar previsibilidad a las relaciones laborales y al funcionamiento productivo del país.
Antes de llegar al Parlamento, la legisladora fue creadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), espacio desde el que distintos dueños de pymes enfrentaron los bloqueos sindicales y consiguieron fallos judiciales favorables. Ese antecedente marca el tono de una iniciativa que busca fijar reglas claras sobre qué es una huelga legítima y qué prácticas quedan por fuera.
El texto atribuye la titularidad del paro únicamente a gremios con personería, aunque permite que un sindicato inscripto pueda convocar si demuestra una representación mayoritaria bajo un procedimiento validado por la autoridad competente. Además exige que la decisión se tome en una asamblea convocada con tres días de anticipación, y advierte que no cumplir ese paso “vicia de nulidad la convocatoria”. Cualquier acción directa sin ese requisito será considerada ilícita y habilitará sanciones disciplinarias y reclamos civiles o penales.
Otro punto central es la obligación de emitir un preaviso fehaciente con siete días hábiles de antelación tanto al empleador como al Estado. Allí deben detallarse causas, alcance, inicio y modalidad de la medida. Tras recibir ese aviso, la autoridad abrirá una instancia de conciliación obligatoria por 10 días, durante los cuales ambas partes deberán negociar sin alterar el estado del conflicto. Saltarse ese procedimiento convierte la medida en ilegítima.
La propuesta también enumera con precisión qué conductas serán calificadas como ilícitas: ocupaciones totales o parciales de establecimientos, bloqueos, piquetes, huelgas rotativas o sorpresivas, trabajo a reglamento, quites de colaboración, tareas a desgano o cualquier prestación irregular. A esto se suman hechos de violencia, sabotaje, daños, intimidaciones y el incumplimiento de coberturas mínimas en actividades esenciales o de relevancia social.
El texto remarca que el paro no suspende las obligaciones contractuales. En consecuencia, el trabajador no percibirá remuneración por el tiempo no trabajado y el empleador quedará exento de pagar salarios caídos, incluso si el conflicto fue imputable a la empresa. La iniciativa recalca que el no pago no podrá interpretarse como una represalia ni como una práctica antisindical, y declara nulas las cláusulas de convenios colectivos que obliguen a abonar esos días.
En cuanto a los servicios esenciales, el proyecto define que no podrán interrumpirse totalmente. Las partes deberán acordar prestaciones mínimas del 75%, y si no hay acuerdo, el Estado fijará la cobertura. Para sectores considerados de importancia trascendental (transporte público, educación obligatoria, sistema financiero, distribución de combustibles, telecomunicaciones y justicia) se establece un piso del 50% de actividad durante la medida.
La iniciativa se alinea con el espíritu del DNU 70 y del decreto 340 impulsados por el Gobierno y frenados por la Justicia, así como con los lineamientos de la reforma laboral que promueve el oficialismo. El proyecto también regula las asambleas internas, que deberán realizarse sin afectar la actividad y únicamente con autorización expresa del empleador. Si se desarrollan sin permiso, serán consideradas una acción directa encubierta y, por lo tanto, una falta grave que habilita sanciones, incluso la extinción del vínculo.
En los fundamentos, la diputada cita el artículo 14 bis de la Constitución, que otorga el derecho de huelga a los sindicatos, y el artículo 28, que aclara que ninguna reglamentación puede alterar su esencia. Según la autora, la falta de una ley integral abrió la puerta a un uso “irrazonable” de ese derecho, afectando garantías como la propiedad, la circulación, la salud y la educación.
El texto también menciona el fallo “Orellano c/ Correo Oficial”, donde la Corte Suprema reafirmó que la potestad de declarar un paro corresponde a entidades sindicales, no a grupos informales. Para la legisladora, ordenar este aspecto es clave para evitar interpretaciones contradictorias y reducir la inseguridad jurídica.
Razzini sostiene que la regulación no es “antiobrera”, sino una herramienta para armonizar derechos y alcanzar paz social, siguiendo estándares de la OIT. La propuesta cita que el organismo reconoce el derecho de huelga derivado del Convenio 87, pero avala exigir preaviso, instancias de conciliación y la fijación de servicios mínimos en sectores sensibles. Por eso, el texto mira los modelos de España y Italia, donde existen normas específicas que establecen obligaciones, sanciones y mecanismos de control de conflictos.
La diputada concluye su presentación pidiendo respaldo a sus colegas. Entre quienes acompañaron su firma figuran Alejandro Bongiovanni, Sabrina Ajmechet, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, Alida Ferreyra, Florencia de Sensi, Ricardo López Murphy, Martín Ardohain, Nancy Ballejos, Daiana Fernández Molero, Laura Rodríguez Machado, Paula Omodeo, Martín Tetaz y Patricia Vásquez.
