Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó una inflación del 2,8%, el sindicato advirtió que el conflicto es inevitable si el Gobierno no convoca a paritarias. Además, exige una proyección clara para el 2026
Frente al silencio del Gobierno, que sigue sin dar respuesta a la demanda de ATE para revisar salarios, y en el marco de un proceso inflacionario que sigue incrementándose, marcando una tendencia alcista tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó una inflación en diciembre del 2,8%, acumulando un alza de 31,5%, el sindicato advirtió que el conflicto es inevitable si no se convoca a paritarias.
Es que, el incremento del costo de vida afecta severamente el bolsillo de los estatales, que tienen los salarios congelados desde el mes de septiembre.
“El Gobierno tiene una responsabilidad y no puede hacer oídos sordos a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras: los números del IPC demuestran que la proyección sigue siendo en alza y deben tomarse medidas. Hace rato que denunciamos que los estatales no llegan a fin de mes”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.
“Estamos comenzando este 2026 sin ninguna proyección que traiga alivio al bolsillo de los trabajadores que tienen sus salarios congelados. Esta situación se torna dramática y solo puede terminar en conflicto”, completó el dirigente.
Cabe destacar que, más allá de los números anunciados la tarde el martes, se debe considerar el alza en los servicios por encima del nivel general de los precios: a lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación. Otros registros advierten por incrementos como el de la carne, que tuvo un alza del casi 20%, y así también se vio en otros rubros, como los alquileres, que sumaron un 39% de inflación.
A esta situación se le suma la falta de inversión, de personal y de insumos que afecta el funcionamiento del Estado en áreas como el sistema sanitario público, el sistema educativo, los centros asistenciales de desarrollo humano, la SeNAF y otros organismos comienzan a ver seriamente afectadas sus prestaciones.
