Procesado por cohecho agravado, con prohibición de salida del país y un historial de corrupción que se remonta a su expulsión del Poder Judicial, Gastón Salmain fue premiado con la subrogancia de un nuevo juzgado federal en Santa Fe. La decisión de la Cámara Federal de Rosario expone una Justicia atrapada en sus propias miserias corporativas.
En una escena que sintetiza la degradación institucional del Poder Judicial argentino, el juez federal de Rosario Gastón Salmain —procesado por delitos de corrupción de extrema gravedad— acaba de ser designado para subrogar un nuevo juzgado federal en la ciudad de Santa Fe. A los tribunales que ya maneja en Rosario, ahora se le suma el Juzgado Federal N.º 2 santafesino, lo que lo coloca al frente de tres juzgados en simultáneo, con la correspondiente remuneración adicional.
Salmain no está preso únicamente por el blindaje de sus fueros. Tiene prohibida la salida del país y fue procesado el 26 de diciembre pasado por el juez federal Carlos Vera Barros, quien le imputó cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, además de imponerle un embargo de 200 mil dólares. Pese a este prontuario judicial, la Cámara Federal de Rosario resolvió ampliarle funciones y poder.
La subrogancia fue dispuesta por el camarista federal Aníbal Pineda para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde entre el 9 y el 19 de febrero. No es un hecho aislado: anteriormente Salmain también había quedado al frente del Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe. En los hechos, un magistrado procesado por corrupción pasa a administrar causas empresariales y del fuero contencioso administrativo, es decir, litigios donde el Estado es parte.
El trasfondo del procesamiento es explosivo. Según la acusación fiscal validada por Vera Barros, Salmain intentó cobrar un soborno para dictar una cautelar a favor de un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei. La maniobra incluía ordenar al Banco Central la venta de 10 millones de dólares en billetes, en pleno cepo cambiario. La sospecha es que el juez buscaba quedarse con 200 mil dólares, producto de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, tal como surge de la declaración de un arrepentido.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la Cámara Federal coloca a un juez procesado en un nuevo tribunal? Fuentes judiciales citadas por el medio especializado La Política Online explicaron que la decisión responde a una combinación de tradición corporativa y conveniencia procesal. La Cámara mantiene desde hace más de 40 años un esquema rígido de subrogancias, con apenas cuatro magistrados disponibles para cubrir once juzgados. Pero hay un dato aún más inquietante: el propio camarista Pineda deberá resolver en las próximas semanas la apelación del procesamiento de Salmain.
“Si saltea el mecanismo usual o no le da la subrogancia, Salmain va a alegar prejuzgamiento y lo va a recusar”, explicó un funcionario judicial. La ecuación es brutal: para evitar ser recusado, un camarista habilitó a un juez procesado por corrupción a manejar un juzgado más. Salmain, además, tiene como práctica sistemática recusar a jueces de Cámara, denunciando supuestos complots de magistrados y periodistas.
El resultado es una situación institucionalmente obscena. Para evitar un trámite procesal incómodo, se optó por un mal mayor: ampliar el poder de un magistrado con dos procesamientos, denuncias en el Consejo de la Magistratura y un historial previo de corrupción. La pregunta que recorre tribunales es tan simple como devastadora: ¿no era preferible que lo recusaran antes que entregarle otro juzgado?
El escenario actual es también consecuencia directa de la parálisis del Consejo de la Magistratura de la Nación, que desde hace más de ocho meses acumula denuncias contra Salmain, incluida la presentada por la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, sin adoptar medidas de fondo. “Si el Consejo lo hubiera suspendido, no habría subrogancia que resolver”, disparó con ironía y bronca un funcionario judicial, recordando el caso de Marcelo Bailaque, juez rosarino denunciado en 2020 y recién apartado cuatro años después, cuando ya estaba bajo prisión domiciliaria.
Como si todo esto no alcanzara, el prontuario de Salmain tiene raíces profundas. En 2002 la Corte Suprema de la Nación lo expulsó del Poder Judicial —entonces como empleado— por ofrecer una coima a una secretaria para direccionar sorteos de expedientes. Ese antecedente nunca fue consignado en su currículum cuando concursó para ser juez. Aun así, en 2023 logró ser designado magistrado en Rosario y juró en un acto al que asistió el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
El caso Salmain no es un desliz aislado, sino un síntoma. Una Justicia que tolera, justifica y hasta recompensa a jueces procesados por corrupción no sólo pierde autoridad moral: se convierte en parte activa del problema que debería combatir.
