La Confederación General del Trabajo reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, que disponen el cierre de 30 juzgados laborales y la transferencia de competencias a la órbita porteña. La acción se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo en la Justicia Federal contra la Ley de Reforma Laboral, promulgada horas antes mediante el decreto 137/2026 publicado en el Boletín Oficial. La acción judicial, radicada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 a cargo de Enrique Lavie Pico, busca frenar el traspaso del Fuero Laboral de la Justicia nacional a la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su presentación, la central obrera solicitó “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral”, así como del acuerdo de transferencia aprobado por el artículo 90. Según la CGT, estas disposiciones disponen “el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo”.
Además de pedir la suspensión cautelar, la Confederación reclamó que se dicte sentencia declarando “nulo el Acuerdo de Transferencia e inconstitucionales los arts. 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral”.
Los artículos cuestionados
El artículo 90 de la reforma —uno de los ejes de la impugnación— establece el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026”. Por su parte, el artículo 91 encomienda al Poder Ejecutivo “transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.
La CGT advierte que esta transferencia implicaría una desarticulación del sistema actual de justicia laboral, con impactos directos en el acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras, así como en la estabilidad de los empleados judiciales.
Contexto político y judicial
La presentación de la Confederación se produce horas después de que se oficializara en el Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei, que promulga la ley aprobada el viernes pasado en el Senado. Este avance legislativo forma parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el Ejecutivo nacional.
Previamente, el lunes, representantes de la CGT y otras organizaciones sindicales marcharon hacia Tribunales para realizar un pedido formal al Poder Judicial, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la norma votada por el Congreso a pedido del Gobierno nacional.
Próximos pasos
Ahora, la pelota está en la cancha de la Justicia Federal. El juez Enrique Lavie Pico deberá evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada, lo que podría derivar en una suspensión temporal de los efectos de los artículos impugnados mientras se resuelve el fondo de la cuestión constitucional.
El fallo que se emita en esta causa podría marcar un precedente clave para el despliegue territorial de la reforma laboral y para el equilibrio de competencias entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de justicia laboral.
La noticia se actualizará a medida que se conozcan novedades sobre el expediente judicial.
