El tribunal rechazó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución. Mientras tanto, sectores policiales denuncian persecución política y exponen fuertes contradicciones del poder.
En una decisión unánime que no hará más que profundizar la polémica, el tribunal de revisión confirmó la revocación de la condena condicional de Rubén Muñoz y dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión. El fallo avala lo resuelto previamente por el juez de Ejecución, Fernando Romera, quien había ordenado el cambio de modalidad tras verificar un nuevo incumplimiento de las pautas de conducta impuestas.
Los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon fueron categóricos: los agravios planteados por el defensor Eduardo Carrera no alcanzaron para desarmar una resolución que, según afirmaron, “es razonada, lógica y debidamente fundada”, con sustento tanto en los hechos como en el derecho. También descartaron cualquier arbitrariedad o desproporción, y consideraron que la prueba incorporada —en particular un video— resulta suficiente para justificar la revocación del beneficio.
Desde la fiscalía, Susana Carrasco reforzó esa postura al señalar que Muñoz “posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir”, recordando además que no se trata de un ciudadano cualquiera sino de una persona condenada por amenazas. “Las reglas fueron claras y constituían condiciones de su libertad”, subrayó, en alusión a las restricciones que incluían la prohibición expresa de acercamiento, contacto o cualquier tipo de hostigamiento hacia el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes.
Sin embargo, fuera de los tribunales, la lectura del caso adquiere otro tono. Desde el Consejo de Bienestar Policial —que nuclea a retirados, pensionadas y efectivos en actividad— no dudaron en calificar a Muñoz como un “preso político”, instalando una narrativa que tensiona aún más el vínculo entre el poder político y sectores de la fuerza.
El argumento que sostienen no es menor: remarcan que la detención se produjo apenas un día después de que Muñoz solicitara públicamente diálogo al gobernador Alberto Weretilneck, quien rechazó el planteo con una frase que, para muchos, sonó más a desdén que a institucionalidad: “usted no es policía”. Para ese sector, el contexto vuelve sospechosa la decisión judicial, especialmente porque —afirman— en ese episodio no existió ningún acto de violencia.
Las críticas no se detienen allí. En voz baja, pero con persistencia, allegados al ámbito policial señalan una aparente doble vara. Comparan el trato recibido por Muñoz con el que, aseguran, tuvo el propio poder político frente a policías condenados por el crimen y desaparición de Daniel Solano, quienes —recuerdan— continuaron en funciones y armados incluso con condenas graves en curso.
Mientras tanto, en las calles, el conflicto sigue vivo. Acampes, pancartas y reclamos salariales continúan marcando el pulso de una protesta que ya no es solo económica, sino también simbólica: una disputa por reconocimiento, legitimidad y límites del poder.
En ese escenario, la confirmación de la prisión efectiva de Muñoz trasciende lo estrictamente judicial. Se convierte, inevitablemente, en una pieza más de un tablero donde justicia, política y fuerzas de seguridad parecen jugar una partida cada vez más expuesta… y cada vez más incómoda para el poder.
Con información de la Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
