Más de 27 imputados relataron coacciones, amenazas y maniobras irregulares en la causa “Cuadernos”. Mientras algunos admiten haber mentido para evitar la cárcel, los principales arrepentidos se niegan a declarar y el tribunal restringe la transmisión pública del proceso.
El juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos” atraviesa uno de sus momentos más controvertidos. Lo que comenzó como un expediente sostenido en confesiones de imputados colaboradores hoy exhibe fisuras profundas: arrepentidos que optan por el silencio, empresarios que aseguran haber mentido bajo presión y una creciente catarata de denuncias por aprietes judiciales.
En las últimas audiencias, 27 exfuncionarios y empresarios describieron un patrón reiterado de coacciones dentro y fuera de tribunales. Según sus testimonios, existieron amenazas, seguimientos y advertencias explícitas para que involucraran a figuras como Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner. Algunos incluso dejaron constancia previa en escribanías de que declararían falsamente para evitar quedar detenidos, según reveló la periodista Irina Hauser en su publicación en el diario “Página 12”.
Las revelaciones impactan de lleno en la credibilidad de la causa. Empresarios como Mario Rovella, Oscar Sansiseña o Rodolfo Perales afirmaron que reconocieron pagos inexistentes bajo presión psicológica. Otros, como Gerardo Ferreyra, relataron ofrecimientos de libertad a cambio de incriminar a exfuncionarios. Quienes se negaron, aseguran, terminaron presos durante largos períodos.
En paralelo, los principales pilares del expediente —como el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens— eligieron no declarar en el juicio oral. Su silencio impide el contrainterrogatorio por parte de las defensas, que advierten una vulneración directa del derecho a defensa y cuestionan el valor probatorio de sus dichos iniciales.
El escenario se complejiza aún más con la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de suspender la transmisión de las audiencias por YouTube a partir de la próxima semana. La medida fue rápidamente objetada por varias defensas e incluso por la fiscalía, en un hecho inusual que refleja el nivel de tensión dentro del proceso.
Mientras tanto, el desfile de más de 600 testigos promete seguir exponiendo inconsistencias. Entre ellos figuran periodistas, exfuncionarios, empresarios y figuras clave en el origen del expediente. Las preguntas que sobrevuelan el juicio son cada vez más incómodas: ¿puede sostenerse una acusación basada en testimonios que hoy no se ratifican? ¿Qué peso tienen confesiones obtenidas bajo presión? ¿Y por qué no se investigan las denuncias de irregularidades en la instrucción?
Las defensas insisten en que el proceso se encamina hacia un terreno “insostenible” y reclaman medidas urgentes. Sin embargo, el tribunal ha optado, hasta ahora, por postergar definiciones clave para el final del juicio, que podría extenderse durante uno o dos años más.
En ese contexto, la causa que alguna vez fue presentada como emblema de la lucha contra la corrupción enfrenta ahora su propio escrutinio: el de un proceso judicial cuestionado desde adentro, donde las certezas empiezan a diluirse entre silencios, rectificaciones y denuncias cruzadas.
