La suspensión preventiva de un efectivo que pidió la liberación de Rubén Muñoz y cuestionó al Gobierno profundiza el malestar interno y alimenta denuncias de disciplinamiento político dentro de la fuerza.
El conflicto policial en Río Negro suma un nuevo capítulo de alta tensión tras la sanción disciplinaria aplicada a un agente en actividad que había asumido el liderazgo de los reclamos por mejoras salariales, luego del encarcelamiento de Rubén Muñoz. La medida, que incluye el retiro del arma reglamentaria, el pase a disponibilidad y un posible impacto directo en sus ya bajos ingresos, es leída dentro de la fuerza como un intento de desalentar la protesta.
Según información extraoficial, el sumario administrativo recae sobre el agente Spinoza Ferreira Enrique Rolando, acusado de incurrir en faltas disciplinarias graves. La sanción se origina en una publicación realizada en Facebook —bajo el perfil Henry Spinoza— en la que cuestionó al gobierno provincial, respaldó los reclamos impulsados por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario e instó a realizar bocinazos en General Roca, además de pedir la liberación de Muñoz.
De acuerdo a lo trascendido, sus superiores habrían solicitado la suspensión preventiva argumentando que su permanencia en funciones podría entorpecer la investigación vinculada a la causa por la cual Muñoz permanece detenido. También se habría considerado como elemento agravante la supuesta desobediencia implícita en el reclamo público por mejoras salariales. La resolución habría sido adoptada por la subjefatura a cargo de la Policía de Río Negro.
Aunque la medida se ampara en el régimen disciplinario vigente, puertas adentro crece la percepción de que su aplicación tiene un fuerte componente político. Voces del propio ámbito policial sostienen que el Gobierno provincial busca desactivar el conflicto mediante mecanismos de presión, replicando estrategias ya utilizadas con otros sectores estatales, como descuentos salariales por paro o exigencias de control estricto de asistencia en jornadas de protesta.
El malestar no se limita al caso puntual. Integrantes del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, en off, señalaron que la sanción generó indignación entre los efectivos que mantienen los acampes. Interpretan que se intenta instalar el temor como herramienta para frenar reclamos que consideran básicos: salarios dignos en una actividad de alto riesgo y disponibilidad permanente.
En ese contexto, vuelven a ponerse en discusión las condiciones estructurales de trabajo dentro de la fuerza. Policías aseguran que desde hace décadas deben recurrir a adicionales para completar ingresos, extendiendo jornadas que afectan el descanso y la salud mental. La falta de políticas de contención, advierten, no solo impacta en los trabajadores sino que también puede derivar en riesgos para la sociedad, en una institución atravesada por antecedentes de situaciones extremas que nunca fueron abordadas en profundidad.
El panorama se complejiza aún más por las propias reglas del sistema disciplinario: el agente sancionado debe designar como defensor a un miembro de la misma fuerza o aceptar uno de oficio. En una estructura verticalista, esa condición es vista con escepticismo por sus pares, que dudan de la imparcialidad del proceso.
Así, lejos de descomprimir, la respuesta oficial parece haber profundizado un conflicto que ya excede lo salarial y se instala de lleno en el terreno político, con una pregunta de fondo que empieza a resonar con más fuerza: hasta dónde puede llegar el disciplinamiento sin agravar aún más una crisis que sigue abierta.
