Una licitación por más de 932 millones de pesos expone decisiones difíciles de justificar: sobreprecios, tercerización innecesaria y un programa educativo gestionado desde el área de Energía y no desde el Ministerio de Educación. Otra vez la pareja del gobernador en el centro de la escena.
El gobierno de Alberto Weretilneck vuelve a quedar bajo la lupa tras la adjudicación de la licitación pública 112/2025, un proceso que compromete 932,4 millones de pesos para cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe” según revelo el portal de noticias “Realpolitik”. Pero lejos de tratarse de una simple política educativa, el expediente desnuda una serie de decisiones que, más que promover el aprendizaje, invitan a ejercitar la sospecha.
El primer dato que incomoda es el económico. Tres oferentes compitieron: EL LAB Taller de Idiomas SRL (1.100 millones), SDC SRL (893 millones) y EDIR Emprendimientos SRL (932,4 millones). La lógica más elemental indicaba que la provincia debía inclinarse por la oferta más baja. Sin embargo, la comisión de Preadjudicación decidió excluir a SDC bajo el argumento de que su plataforma “no era específica para adquisición de lenguas”. Una interpretación técnica que, curiosamente, terminó habilitando la elección de una propuesta más cara por más de 39 millones de pesos.
Pero el problema no se agota en la adjudicación. Si se desmenuzan los números, el programa prevé 10 mil licencias anuales, lo que arroja un costo de 93.240 pesos por alumno al año, o cerca de 7.700 mensuales. Valores que, comparados con el mercado —incluyendo plataformas internacionales, academias online y hasta institutos privados con clases en vivo— resultan, como mínimo, difíciles de defender.
La pregunta se impone sola: ¿por qué pagar más por un servicio que podría contratarse por menos? Y, aún más relevante, ¿por qué tercerizarlo? En la provincia existen instituciones públicas con capacidad de brindar formación en idiomas, como la Universidad Nacional del Comahue o incluso el Instituto Provincial de la Administración Pública. Sin embargo, se optó por derivar los recursos a una empresa privada radicada en Buenos Aires.
El origen del financiamiento agrega otra capa de tensión. El programa será sostenido por el FoCaDeFHi, un fondo fiduciario vinculado a la actividad hidrocarburífera. Es decir, recursos públicos provenientes de un sector estratégico que terminan financiando una política educativa que, además, ni siquiera depende del área correspondiente.
Porque sí: el programa “Río Negro Bilingüe” no está bajo la órbita del Ministerio de Educación, sino de la Secretaría de Energía y Ambiente, conducida en ese momento por Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck. Una decisión administrativa que no solo resulta llamativa, sino que refuerza la percepción de desorden en la gestión.
En ese contexto, la empresa adjudicataria, EDIR Emprendimientos SRL, suma sus propios elementos de controversia. Con antecedentes como proveedora del Estado —particularmente en la Ciudad de Buenos Aires—, también fue mencionada en una causa del fuero Penal Económico vinculada a presuntos delitos aduaneros. No se trata de una condena, pero sí de una investigación en curso que añade ruido a una contratación ya cuestionada.
El resultado es un combo difícil de digerir: una licitación millonaria, la exclusión de la oferta más barata, costos por alumno por encima del mercado, financiamiento público de origen específico utilizado con flexibilidad creativa, y un programa educativo administrado desde un área energética.
Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, los números cuentan otra historia. Una en la que el Estado paga más, articula menos y explica poco. Y en la que, paradójicamente, lo único que parece no necesitar traducción es el idioma de la polémica.
