La fiscalía les atribuye homicidio culposo por presuntas omisiones en la atención médica. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y fijó cuatro meses de investigación.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos contra dos médicos del Valle Medio por el presunto delito de homicidio culposo, en el marco de la muerte de una mujer de 86 años ocurrida en agosto de 2025 en un sanatorio privado de la localidad.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre el 24 y el 25 de agosto la paciente ingresó a la guardia con dolor abdominal y signos de compromiso respiratorio, un cuadro que requería una evaluación integral urgente conforme a las reglas de la práctica médica. Sin embargo, la médica interviniente habría omitido realizar una adecuada valoración clínica, prescindiendo de estudios básicos, desatendiendo signos de alarma y sin arribar a un diagnóstico certero.
La fiscalía también señaló que el especialista en cardiología y médico tratante de la mujer habría incumplido sus deberes profesionales al negarse, al menos en dos oportunidades, a intervenir y evaluarla.
Según el Ministerio Público Fiscal, ambos imputados omitieron brindar la asistencia necesaria, lo que derivó en que la paciente no recibiera tratamiento oportuno. Su estado de salud evolucionó desfavorablemente hasta un paro cardiorrespiratorio, en un contexto de afección no diagnosticada ni tratada. Para la acusación, existe un nexo causal entre estas omisiones —en infracción a la “lex artis”— y el desenlace fatal.
La calificación legal provisoria es la de homicidio culposo en carácter de coautores, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
Entre las pruebas mencionadas se encuentran la denuncia presentada por la hija de la víctima el 31 de agosto en la Comisaría 19 de Luis Beltrán, su ampliación en la Comisaría 8ª de Choele Choel, la historia clínica, entrevistas a personal del sanatorio y la intervención del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial.
Por su parte, la defensa pública indicó que cuenta con una teoría alternativa del caso y adelantó que presentará su propia evidencia, sin oponerse a la formulación de cargos en esta instancia.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formalizada la imputación, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dispuso como medida cautelar que los acusados deberán informar cualquier cambio de domicilio o ausencia de la localidad por más de 15 días.
