Silvia Garay, delegada de ATE despedida en 2024, expuso en una entrevista radial la falta de cumplimiento de una sentencia que ordena su reincorporación. El caso, visibilizado en el reciente congreso gremial en Choele Choel, se da en medio de reclamos salariales y a días del Día del Trabajador.
La situación laboral de Silvia Garay, trabajadora de Aguas Rionegrinas (ARSA) y delegada sindical de ATE, volvió a tomar estado público tras una entrevista brindada en el programa radial La Oveja Negra, conducido por Rubén Larrondo en Radio Identidad. Su caso fue además uno de los reclamos expuestos en el reciente congreso de ATE realizado en Choele Choel, en un contexto marcado por la conmemoración del Día de los Derechos de los Trabajadores.
Garay denunció haber sido despedida sin causa en 2024, a pesar de contar con fueros gremiales vigentes. Según explicó, logró una resolución favorable de la Justicia laboral, que ordenó su reincorporación, el pago de salarios adeudados —tras permanecer cuatro meses sin cobrar— y la asignación inmediata de tareas. Sin embargo, afirmó que la empresa no cumplió con lo dispuesto judicialmente.
“Esto lo venimos denunciando públicamente y también lo llevamos a nuestro plenario provincial como una situación emergente”, señaló Garay, quien además vinculó su caso con un escenario más amplio de conflictos dentro del organismo. En ese sentido, cuestionó recientes acuerdos paritarios de ARSA que, según indicó, fueron definidos sin consulta a los trabajadores y que omitieron aspectos clave como la situación salarial provincial. También denunció desigualdades en beneficios, como el pago de una suma de 250.000 pesos en concepto de indumentaria que, aseguró, no fue percibida por el personal administrativo del organismo.
La dirigente sindical calificó su situación como parte de una “persecución sindical” dentro de la empresa estatal, y sostuvo que, pese a los intentos de diálogo con autoridades —incluyendo presentaciones formales ante la gerencia general y gestiones en Viedma—, no obtuvo respuestas concretas. “Se han agotado todas las instancias de acercamiento, incluso proponiendo reubicaciones laborales en sectores con demanda de personal, pero no hubo contestación”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos del conflicto es el incumplimiento del fallo judicial, lo que derivó —según explicó— en la acumulación de multas económicas diarias (“astreintes”), generando una deuda millonaria para la empresa. “Hoy ARSA está adeudando cifras millonarias por no acatar una sentencia. Es dinero que debería destinarse a salarios, condiciones laborales o mejoras en los servicios”, remarcó.
Garay también cuestionó el impacto institucional de esta situación, al considerar que se vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional, como la libertad sindical establecida en el artículo 14 bis, además de normativas laborales y el propio estatuto gremial. “Es grave que un organismo público ignore un fallo judicial y actúe como si estuviera por encima de la ley”, expresó.
Respecto a su situación actual, indicó que continúa sin ser reincorporada y sin percibir ingresos, mientras sostiene el reclamo por vía judicial y mediante la difusión pública del caso. Asimismo, ratificó su continuidad como delegada, amparada por los fueros sindicales vigentes, y rechazó cualquier intento de la patronal de intervenir en la designación de representantes gremiales.
Finalmente, hizo un llamado a la Secretaría de Trabajo para que intervenga en el conflicto, realice inspecciones en la empresa y garantice el cumplimiento de las condiciones laborales. “Seguimos exigiendo que se respete el fallo, que se restituyan nuestras tareas y que los recursos se destinen a dar respuestas a la sociedad, no a sostener decisiones arbitrarias”, concluyó.
