Trabajadores advierten que, bajo el discurso de “ordenamiento”, la norma habilita adicionales en negro, discrecionalidad en la asignación de fondos y erosiona la equidad salarial. Reclaman un piso de $2 millones y una verdadera carrera sanitaria.
Una fuerte denuncia pública encendió el conflicto en el sistema de salud de Río Negro tras la implementación del Decreto N° 386/2026, una medida que —según sostienen trabajadores— lejos de ordenar, consolida un esquema de pagos discrecionales que vulnera la equidad salarial.
El eje de la crítica apunta a la facultad que el decreto otorga al Ministerio de Salud para definir “criterios operativos” y “procedimientos de cobertura” sin parámetros objetivos claros. En la práctica, advierten, esto abre la puerta a la asignación de recursos “a dedo”, sin reglas transparentes ni garantías de igualdad de trato entre trabajadores.
Pero el cuestionamiento no se detiene allí. La normativa introduce adicionales de carácter “no remunerativo y no bonificable”, una ingeniería salarial conocida y cuestionada: sumas que no impactan en el aguinaldo, no cuentan para la jubilación y esquivan las cargas sociales. En otras palabras, dinero inmediato a costa de derechos futuros.
El planteo de fondo es político y estructural. “Equidad no es igualdad”, remarcan desde el sector, para señalar que el problema no se resuelve con bonos arbitrarios sino con salarios que reconozcan la formación, la responsabilidad y la complejidad del trabajo sanitario. La crítica, en tono contundente, desnuda una lógica repetida: parches coyunturales que fragmentan equipos en lugar de fortalecer el sistema.
En ese marco, la exigencia es concreta y sin matices: un piso salarial digno de 2 millones de pesos para todos los trabajadores de salud, sin distinciones ni condicionamientos, y la implementación de una carrera sanitaria real, que ordene los escalafones con criterios claros, previsibles y justos.
La discusión, lejos de ser técnica, expone una tensión de fondo: si el sistema de salud se construye sobre decisiones transparentes y salarios en blanco, o si se administra con discrecionalidad y soluciones temporarias que, a la larga, terminan debilitándolo. En Río Negro, esa definición ya dejó de ser abstracta y empieza a sentirse en cada guardia, en cada sala y en cada recibo de sueldo.
