La legisladora provincial cuestionó con dureza la ratificación del acuerdo impulsado por el gobierno rionegrino para la exportación de gas natural licuado. Alertó sobre pérdida de soberanía, beneficios fiscales extraordinarios para empresas extranjeras, riesgos ambientales y posibles violaciones a la legislación nacional.
En una intervención extensa y de fuerte tono político, la legisladora provincial Magdalena Odarda (bloque Vamos con Todos) expresó su rechazo frontal al proyecto de ratificación del acuerdo vinculado al desarrollo del sistema de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en la provincia de Río Negro, impulsado en articulación con empresas del sector energético.
Durante la sesión legislativa, Odarda afirmó que el convenio —firmado el 14 de abril entre la provincia y firmas como Southern Energy— “no constituye un acuerdo soberano”, sino que representa “un nuevo estatuto legal del coloniaje”, retomando una expresión histórica acuñada por el pensador argentino Arturo Jauretche para criticar el pacto Roca-Runciman de 1933.
Críticas al esquema empresarial y denuncias previas
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la composición societaria de Southern Energy. La legisladora sostuvo que detrás de esa firma operan empresas multinacionales —muchas de ellas de origen británico— y mencionó específicamente a Harbour Energy, vinculada a la firma Premier Oil, denunciada por operar en la plataforma continental argentina con autorización de autoridades británicas en las Islas Malvinas.
Odarda aseguró haber presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación por posibles irregularidades, señalando incompatibilidades con la denominada “ley Pino Solanas”, que prohíbe acuerdos con empresas involucradas en la explotación ilegal de recursos en territorio argentino bajo ocupación extranjera.
A pesar de que el expediente aún se encuentra en trámite, cuestionó que el gobierno provincial avance igualmente con la ratificación del acuerdo.
Cuestionamientos al régimen fiscal y legal
En su análisis del proyecto, la legisladora advirtió sobre lo que definió como una “capitulación fiscal y legislativa”. Según explicó, el acuerdo prevé exenciones impositivas por 30 años en tributos clave como Ingresos Brutos y Sellos, lo que —a su entender— implica resignar recursos fundamentales para el funcionamiento del Estado.
Además, sostuvo que el convenio limitaría la capacidad legislativa futura, ya que cualquier modificación normativa podría ser considerada un incumplimiento contractual por parte de las empresas.
“Estamos entregando la potestad de cobrar impuestos y también la facultad de legislar durante tres décadas”, advirtió.
Impacto territorial y dominio público
Otro punto crítico fue la posible cesión de bienes de dominio público provincial. Odarda señaló que el acuerdo habilitaría el uso de costas, playas y recursos hídricos por parte de las empresas, lo que —según su interpretación— entraría en conflicto con la Constitución de Río Negro, que establece el carácter inalienable e intransferible de esos bienes.
En ese marco, planteó interrogantes sobre el impacto en localidades costeras como San Antonio Oeste y Las Grutas, especialmente en relación al acceso público, el turismo y las actividades económicas regionales.
Riesgos ambientales y falta de información
La legisladora también puso el foco en las implicancias ambientales del proyecto, que contempla la instalación de unidades flotantes de licuefacción (FLNG), gasoductos terrestres y submarinos, y un flujo constante de buques metaneros.
Entre los riesgos señalados, mencionó:
Posibles fugas de gas durante el transporte y carga.
Aumento del tráfico marítimo en zonas sensibles.
Alteración de la temperatura del agua marina por el proceso de licuefacción.
Impacto sobre la biodiversidad, incluida la fauna protegida como la ballena franca.
Descarga de residuos industriales en el mar.
Asimismo, cuestionó la falta de información precisa sobre la cantidad de embarcaciones involucradas y la ausencia de estudios acumulativos de impacto ambiental.
Audiencias públicas y licencia social
Odarda impugnó las audiencias públicas realizadas, al considerar que no garantizaron una participación ciudadana efectiva. Criticó la modalidad presencial y las dificultades logísticas para asistir, en contraste con otros procesos nacionales que incorporan instancias virtuales.
En ese sentido, puso en duda que el proyecto cuente con una verdadera “licencia social”.
Condiciones económicas y distribución de beneficios
Respecto a los aportes económicos del proyecto, señaló que se prevé un pago inicial de 36 millones de dólares y un esquema variable condicionado al nivel de producción, lo que consideró insuficiente frente a la magnitud del negocio hidrocarburífero.
Además, advirtió que la mayor parte de los beneficios económicos podrían no quedar en el país, debido a las disposiciones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que permite la libre disponibilidad de divisas.
También cuestionó la distribución territorial de esos recursos, al señalar que el impacto de un eventual daño ambiental afectaría a toda la provincia, mientras que los beneficios directos serían acotados.
Empleo y desarrollo
En relación a la generación de empleo, la legisladora puso en duda las cifras oficiales —que oscilan entre 800 y casi 2.000 puestos— y remarcó que no se trata de empleo estructural ni de largo plazo.
A su vez, criticó la falta de estrategias de desarrollo con valor agregado local, señalando la paradoja de exportar gas mientras sectores de la población no tienen acceso al servicio o enfrentan tarifas elevadas.
Conclusión: rechazo político y advertencia a futuro
En el cierre de su intervención, Odarda reafirmó su rechazo al proyecto y advirtió que el acuerdo compromete múltiples períodos de gobierno, condicionando a futuras gestiones.
“Se está convirtiendo al Golfo San Matías en una zona de sacrificio”, afirmó, al tiempo que llamó a impulsar alternativas de desarrollo sustentable.
Finalmente, ratificó que no acompañará la iniciativa y sostuvo que continuará impulsando proyectos orientados a la producción local y la protección de los recursos naturales.
