La firma de una carta de intención para reforzar la seguridad marítima en el Atlántico Sur generó cuestionamientos dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. Militares advierten sobre posibles implicancias para la soberanía sobre el Mar Argentino y las Islas Malvinas, además de criticar la falta de transparencia y el modo en que se anunció el convenio.
El acuerdo entre el Comando Sur de Estados Unidos y la Armada Argentina para implementar el “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales” desató malestar y preocupación en sectores militares argentinos, que cuestionan tanto el contenido como la forma en que fue presentado públicamente.
La iniciativa, orientada a reforzar la seguridad marítima en el Atlántico Sur, fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y del propio Comando Sur, sin participación pública de la Cancillería argentina ni del Ministerio de Defensa, una situación que despertó críticas dentro de la Armada.
Según publicó el portal La Política Online, integrantes de la fuerza consideran que el acuerdo expone al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien firmó la carta de intención junto a un contralmirante estadounidense de menor rango, identificado además como jefe de la Quinta Flota y no como responsable del Atlántico Sur.
Fuentes militares consultadas por ese medio señalaron que el documento se inscribe dentro de la doctrina estadounidense de control de los espacios marítimos internacionales ante la creciente presencia china en la región. “La carta de intención apunta a la doctrina que desde hace años tiene Estados Unidos, que es que el mar abierto lo tienen que vigilar ellos”, sostuvo una integrante de la Armada.
El principal foco de discusión interna gira en torno al concepto de “bienes comunes globales”, utilizado en el acuerdo. Desde sectores militares advierten que esa definición refiere técnicamente a espacios sin soberanía nacional, lo que podría abrir interpretaciones sensibles respecto del Atlántico Sur y áreas vinculadas al reclamo argentino sobre Malvinas y la Antártida.
En la Armada aseguran que la posición oficial es que el convenio se aplicará únicamente en espacios internacionales, como la milla 201 y el Mar Antártico, con asistencia estadounidense en tareas de cooperación y vigilancia. Sin embargo, la ausencia de explicaciones oficiales alimentó las sospechas.
“Todo el mundo está pidiendo que se exhiba la carta de intención. No es un documento secreto”, señalaron fuentes militares, que además remarcaron que un acuerdo de este tipo debería haber sido suscripto por el ministro de Defensa o por autoridades diplomáticas de mayor rango.
Las críticas también apuntan a la indefinición sobre el alcance operativo del convenio. Según explicaron desde la fuerza, las Fuerzas Armadas argentinas pueden firmar acuerdos de cooperación técnica o provisión de equipamiento, pero cualquier operación militar conjunta debe ser decidida por el Estado Mayor Conjunto y contar con respaldo político del Ministerio de Defensa.
“La Armada no opera sola en el mar. Cualquier operación conjunta excede las atribuciones de un jefe de fuerza”, advirtieron, al tiempo que calificaron el proceso como “desprolijo” y rodeado de incertidumbre política y estratégica.
