Gonzalo Santos, de “2920 Viedma”, desnuda la contradicción de un gobierno que contrata mensajes masivos por WhatsApp mientras niega tratamiento vital a una niña de un año. La denuncia expone no solo un uso cuestionable de fondos públicos, sino un patrón de censura encubierta y hostigamiento a la prensa crítica.
En Río Negro, el Estado tiene dos velocidades. Una, vertiginosa, para aprobar gastos millonarios en publicidad oficial. Otra, glacial, para garantizar derechos elementales. Esta semana, el periodista Gonzalo Santos, del medio digital “2920 Viedma”, puso bajo la lupa una operación que resume, con crudeza, esta doble vara: el 28 de mayo, la Subsecretaría de Medios de la provincia aprobó tres compras directas por más de 95 millones de pesos. El detalle que hiela: todas se concretaron entre las 11:27 y las 11:37 de la mañana. 19 minutos. 100 millones de pesos.
Pero el escándalo no termina en la cifra. Una de esas contrataciones destina fondos públicos al envío de 100.000 mensajes vía WhatsApp. Es decir: el Estado rionegrino, bajo la gestión de Alberto Weretilneck, prepara una maquinaria de comunicación intrusiva para llegar, directamente, al bolsillo digital de cada ciudadano. ¿Con qué fin? ¿Informar turnos y trámites, como sostiene el discurso oficial? ¿O vender, de manera sesgada y descontextualizada, el “modelo rionegrino” que el gobernador promociona en redes?
Las preguntas que lanza Santos no son retóricas, son democráticas: ¿A quiénes le van a mandar esos mensajes? ¿De dónde sacaron la base de datos? ¿La gente autorizó recibir propaganda del gobierno? Cuando la frontera entre información pública y propaganda institucional se desdibuja, cuando el aparato estatal se pone al servicio de la construcción de relato, estamos ante un uso espurio de los recursos de todos. Y más grave aún: ante una potencial vulneración de la privacidad digital de miles de rionegrinos.
Mientras la maquinaria publicitaria del gobierno acelera a fondo, la historia de Leonela –una niña de un año que necesita con urgencia un tratamiento vital– queda varada en la burocracia de la indiferencia. El mismo Estado que encuentra 100 millones en menos de un cuarto de hora para mensajes masivos, le da la espalda a una familia que clama por salud. La misma gestión que amenaza a docentes con retener aumentos si ejercen su derecho a protestar, destina partidas millonarias a comunicar… ¿qué? ¿Poder? ¿Imagen? ¿Campaña anticipada?
Este no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de una lógica de gobierno que prioriza el control narrativo por sobre la garantía de derechos. Y que, además, no tolera la mirada crítica. El propio Gonzalo Santos denunció, días atrás, llamadas y mensajes intimidatorios dirigidos a su entorno familiar, incluyendo una amenaza directa. Su respuesta fue contundente: “Hago periodismo, análisis político e investigaciones sobre el poder en Río Negro. Eso puede incomodar, lo entiendo perfectamente, pero hay un límite que no se cruza. Ninguna actividad pública justifica el hostigamiento, las amenazas ni las maniobras de daño personal”.
Santos anunció que canalizará las amenazas por las vías institucionales, pero dejó en claro que no va a retroceder. “Vamos a actuar con serenidad, con firmeza y con responsabilidad”, afirmó. Esa determinación es la que necesita la democracia rionegrina: periodistas que investiguen sin miedo, ciudadanos que exijan transparencia, y un Estado que recuerde para qué existe: para servir, no para venderse; para proteger, no para intimidar.
La cuenta es simple, y duele: 100 millones en 19 minutos para propagandear. Cero respuestas para Leonela. En esa ecuación se juega no solo la credibilidad de un gobierno, sino la calidad institucional de toda una provincia. Río Negro merece más. Merece que el Estado sea veloz para garantizar derechos, y lento para gastar en su propia imagen. Mientras eso no ocurra, el periodismo crítico –y la ciudadanía atenta– seguirán haciendo la única cuenta que importa: la de la coherencia, la ética y la justicia.
