El programa “Tele Nueve Denuncia”, conducido por Tomás Méndez, reveló cómo sustrajeron teléfonos con evidencia de pedofilia y trata de un depósito de la Policía Federal. Además, destaparon redes mafiosas en torno al crimen de una menor en Córdoba y un escándalo sanitario por la venta ilegal de un medicamento letal.
En una de las emisiones más explosivas de los últimos tiempos, el programa Tele Nueve Denuncia que conduce Tomás Méndez por Canal 9 expuso tres investigaciones que desnudan la podredumbre institucional, la impunidad de las élites económicas y el descontrol sanitario en la Argentina. Desde una red de trata y abusos en la alta sociedad porteña con pruebas que “mágicamente” desaparecen de un depósito policial, hasta la mafia sindical en Córdoba y la muerte por negligencia farmacéutica.
El caso “Excel Group”: Pedofilia en la alta sociedad y evidencia que se esfumó
El eje central de la noche giró en torno a un empresario de altísimo nivel, identificado con las iniciales G.J., cuya empresa (Excel Group) importa marcas globales de ropa como Penguin, Chanel y Paula Candomberts. El hombre está imputado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas por el abuso sexual de su propia hija y otros menores de edad.
La investigación reveló detalles aberrantes: la niña, de entre 5 y 10 años, relató abusos en contextos cotidianos, como en un partido en la cancha de River Plate, donde su padre le habría mostrado material pornográfico frente a otros adultos. Sin embargo, el escándalo mayor surgió tras el allanamiento en la casa de los abuelos paternos de la menor. Allí, la Policía Federal secuestró iPhones, una notebook y un iPad. En los dispositivos y en la nube (Google Drive) se hallaron videos de menores desnudos en la bañadera y material que apuntaría a una red de corrupción de menores que excedía el ámbito familiar.
La gran tapa: El programa denunció que todo este material probatorio desapareció del depósito judicial de la División Trata de Personas de la Policía Federal. Según el informe, “autores ignorados” sustrajeron los teléfonos de una sala recontracustodiada. Las excusas oficiales incluyeron fallas en las cámaras de seguridad y pérdida de backups. Méndez fue contundente al asegurar que “esto tiene un costo de un millón de dólares” y que hay oficiales sancionados administrativamente, pero ninguno exonerado, en lo que calificó como un “vaciamiento de la causa” para proteger a empresarios poderosos.
La Justicia también quedó en la mira. El programa leyó los fallos de los jueces Julio Marcelo Luchini y Rodríguez Varela, quienes intentaron sobreseer al empresario minimizando los hechos. Luchini argumentó que no se podía profundizar porque la niña sentía “vergüenza”, mientras que Rodríguez Varela llegó a escribir en su sentencia que el padre “únicamente le daba besitos en la vagina”, una frase que, según el ciclo, “no le bastó” para condenarlo.
El crimen de Agostina y la mafia sindical-política de Córdoba
La emisión también conectó con la realidad de las periferias a través del brutal crimen de la menor Agostina, descuartizada por Claudio Barrelier. Sin embargo, el programa advirtió que Barrelier es apenas un eslabón de una estructura mucho más oscura que involucra a políticos, sindicalistas y abogados.
Se señaló directamente al abogado Ricardo Moreno, concejal de la ciudad de Córdoba, como el “paraguas” que protege a estas estructuras. A través de audios filtrados de figuras como el narco Darío Cárceres y el sindicalista Héctor Gómez (SURRBAC), se escucharon amenazas de muerte y códigos mafiosos por la disputa de los “gremios de la limpieza”, los cuales, según se denuncia, serían utilizados para meter drogas en las escuelas.
El programa se preguntó quién pagó los 5 millones de pesos de fianza para que Barrelier saliera de la cárcel en una instancia anterior, y denunció que en Córdoba existen boliches donde se violan menores y una red que los “sustenta” para personas vinculadas a la política, los gremios y la justicia.
Escándalo sanitario: Muertes por la venta ilegal de Metotrexato
En una investigación de impacto para la salud pública, el ciclo reveló que farmacias de todo el país están vendiendo sin receta el Metotrexato (comercializado como Arthrite), un medicamento oncológico e inmunosupresor que debe administrarse una vez por semana. Al confundirse con una pastilla de uso diario, provoca una intoxicación letal y dolorosa.
A pesar de que la ley exige “receta archivada” (que la farmacia debe retener por tres años), los móviles del programa comprobaron que se vende libremente. La denuncia tiene un rostro trágico: el de Liliana Prado, una mujer que falleció tras ser intoxicada con este medicamento, el cual le fue entregado incluso de forma gratuita y sin advertencias en el Hospital Tornú.
El programa responsabilizó al Ministerio de Salud de la Nación por la falta de controles, a los laboratorios por no advertir claramente en los blisters, y a las farmacias por priorizar la venta por encima de la vida, noting que en Europa estas muertes se redujeron drásticamente al obligar a los laboratorios a cambiar los envases.
Geopolítica: ¿El Mossad en las elecciones argentinas?
En el cierre político, el periodista Santiago Cuneo, conectando desde Estados Unidos, arrojó una bomba mediática sobre la mesa: aseguró que, ante la incertidumbre por el futuro político de Donald Trump y la necesidad de “rescatar inversiones” en la Argentina, el gobierno nacional habría solicitado asistencia al Mossad (el servicio de inteligencia israelí). Según Cuneo, la ayuda incluiría infraestructura digital, logística y estrategias de psicología social de masas para sostener al oficialismo de cara a las elecciones de fin de año, ante un posible “cero asistencia” por parte de una Casa Blanca enfocada en sus propios problemas internos.
Reflexión final
El programa cerró con una dura reflexión sobre la vulnerabilidad de la infancia en la Argentina. “No hay clase social para esto”, sentenció Méndez, demostrando que mientras en los barrios periféricos la mafia sindical y el narcotráfico devoran a los jóvenes, en los colegios más caros del país (como el mencionado Northland) y en los country clubs, el poder económico compra silencios, hace desaparecer pruebas y deja a los niños a la intemperie frente a los abusadores.
