Mientras continúan las protestas y bloqueos en gran parte del país, Evo Morales y organizaciones sociales cuestionan al gobierno de Rodrigo Paz, rechazan una nueva ley sobre estados de excepción y denuncian una ofensiva contra el modelo plurinacional boliviano.
Bolivia enfrenta un escenario de creciente conflictividad política y social, con más de un mes de movilizaciones, protestas y bloqueos de rutas que afectan a al menos siete departamentos del país. En este contexto, dirigentes vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) y organizaciones campesinas e indígenas denunciaron una supuesta ofensiva política, judicial y económica destinada a desarticular el modelo de Estado Plurinacional impulsado durante los gobiernos de Evo Morales.
Las declaraciones fueron realizadas durante distintos encuentros internacionales de solidaridad con Bolivia, organizados por movimientos sociales de América Latina y por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST), donde participaron el expresidente Evo Morales y Wilma Colque, dirigente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la denominada Ley de Regulación del Estado de Excepción, aprobada recientemente por el Senado boliviano y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados. Según sus detractores, la iniciativa ampliaría las facultades de las fuerzas de seguridad y permitiría una mayor intervención militar en asuntos de seguridad interna durante situaciones excepcionales.
Morales sostuvo que la norma representa una amenaza para los derechos democráticos y denunció que existe un proceso de persecución política contra los sectores populares. Además, rechazó las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien calificó a algunos dirigentes de las protestas como “narcoterroristas” y expresó el respaldo de Washington al gobierno boliviano.
“El pueblo boliviano lucha por defender sus recursos naturales, su economía y su derecho a decidir su propio destino”, afirmó el exmandatario durante uno de los foros internacionales.
Por su parte, Wilma Colque centró su intervención en las consecuencias económicas que, según denunció, atraviesan las comunidades rurales debido a la escasez de combustibles y al encarecimiento del costo de vida. La dirigente aseguró que la falta de diésel afecta la producción agrícola, compromete las exportaciones y profundiza problemas sociales como la deserción escolar.
Asimismo, denunció presuntas tareas de vigilancia y espionaje sobre dirigentes sociales en regiones estratégicas del país, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales.
Otro de los ejes del debate fue el control de los recursos naturales, particularmente el litio. Los dirigentes sostienen que detrás de la crisis política existe una disputa por las mayores reservas mundiales de este mineral estratégico, clave para la industria tecnológica y la transición energética.
Desde los movimientos sociales afines al MAS advierten que continuarán las movilizaciones y rechazan cualquier intento de imponer medidas excepcionales que, según afirman, puedan restringir las libertades civiles. En contraste, el gobierno de Rodrigo Paz sostiene que las acciones buscan garantizar el orden público y la estabilidad institucional frente a la creciente conflictividad.
La crisis boliviana se mantiene así en el centro de la agenda regional, con un fuerte debate sobre el futuro político del país, el papel de los recursos estratégicos y la tensión entre seguridad, gobernabilidad y derechos democráticos.
