Marco Rubio aseguró que Estados Unidos estará “muy involucrado” en las negociaciones previstas para agosto. El gobierno venezolano presenta el proceso como un acuerdo de trabajo conjunto con sectores opositores, pero la palabra “transición” vuelve a encender las alarmas sobre una eventual injerencia extranjera en el futuro político del país.
La palabra volvió a aparecer en boca de Washington y, con ella, reaparecieron las dudas sobre el verdadero alcance del supuesto proceso de diálogo que Venezuela se prepara a iniciar en agosto. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos estará “muy involucrado” en las conversaciones entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición, al tiempo que habló de la necesidad de iniciar un “proceso de transición”.
Según publica el portal “Brasil de Fato” con la firma del periodista Leonardo Fernandes, la declaración, lejos de ser un detalle diplomático, introduce una pregunta inevitable: ¿se trata de un diálogo entre venezolanos o de una negociación cuyo resultado pretende ser condicionado desde Washington?
Rubio afirmó el lunes 20 de julio que las primeras conversaciones oficiales comenzarían durante la primera semana de agosto y calificó el acuerdo como una “muy buena noticia”. Sin embargo, las autoridades venezolanas no confirmaron la participación directa de funcionarios estadounidenses en las reuniones.
La diferencia de interpretaciones no es menor.
Mientras Caracas habla de un plan de trabajo conjunto, Washington parece observar el proceso desde otra perspectiva: la de una oportunidad para avanzar hacia una transformación política que el gobierno de Estados Unidos viene reclamando desde hace años.
Del diálogo a la “transición”: la palabra que cambia todo
Rubio fue explícito al referirse al objetivo de las conversaciones. Según sus declaraciones, representantes vinculados con la Asamblea Nacional de 2015 y sectores del denominado gobierno interino acordaron establecer un formato de diálogo no solamente para promover la reconciliación, sino también para “iniciar el proceso de transición”.
La frase vuelve a colocar sobre la mesa una vieja estrategia de la política exterior estadounidense hacia Venezuela: reconocer a sectores opositores como interlocutores privilegiados, desconocer la legitimidad de las instituciones surgidas del actual sistema político y promover una salida que Washington considera conveniente.
El problema es que la palabra “transición” no es neutral. En el lenguaje político contemporáneo venezolano, suele funcionar como una forma diplomática de referirse a un cambio de gobierno.
Y allí aparece la contradicción central: mientras el gobierno venezolano presenta las conversaciones como un mecanismo de unidad nacional, reconstrucción y estabilidad, el secretario de Estado norteamericano parece atribuirles un objetivo político mucho más ambicioso.
Caracas habla de reconstrucción; Washington, de cambio político
El contexto en el que se desarrolla esta negociación tampoco es menor. Venezuela atraviesa una situación extraordinariamente compleja, marcada por las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio, la crisis económica acumulada durante años y el impacto de las sanciones internacionales.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció un plan de trabajo conjunto con antiguos diputados del período 2015-2020, con inicio previsto para el 1 de agosto. La iniciativa fue presentada bajo el concepto de unidad nacional y con el objetivo declarado de atender las consecuencias de la tragedia y fortalecer la estabilidad democrática.
El mensaje oficial de Caracas es claro: primero reconstruir, recuperar la economía y garantizar la estabilidad; después discutir el futuro electoral.
Washington, en cambio, parece tener otra agenda.
La intervención de Rubio demuestra que Estados Unidos no pretende mantenerse al margen. Por el contrario, el funcionario dejó claro que su gobierno seguirá de cerca las conversaciones y tendrá un papel activo en el proceso.
Así, lo que se presenta como una negociación interna venezolana comienza a adquirir una dimensión internacional cada vez más evidente.
La eterna discusión sobre las elecciones
La oposición de derecha, encabezada por María Corina Machado, reclama elecciones presidenciales libres y rápidas. El planteo es respaldado por Washington y constituye uno de los principales puntos de presión sobre Caracas.
Pero el debate jurídico no es sencillo.
La Constitución venezolana establece mecanismos específicos para la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales en caso de falta absoluta del jefe de Estado. En el escenario actual, las distintas interpretaciones sobre la situación institucional del país alimentan una disputa política que todavía no tiene una salida consensuada.
El gobierno sostiene que la prioridad debe ser reconstruir las instituciones y recuperar la economía, mientras que la oposición reclama una inmediata apertura electoral.
El problema es que, detrás del reclamo por elecciones, existe también una disputa sobre quién tiene legitimidad para convocarlas y bajo qué condiciones.
Y allí aparece nuevamente Washington.
Porque Estados Unidos no solo reclama elecciones. También ha establecido públicamente quién considera legítimo y quién no dentro del sistema político venezolano. Esa postura condiciona cualquier negociación antes incluso de que las partes se sienten a discutir.
La sombra de las sanciones
El otro gran capítulo de la negociación es económico.
El gobierno venezolano busca avanzar en el levantamiento de las sanciones que todavía pesan sobre el país y recuperar activos estratégicos, entre ellos Citgo, cuya situación quedó atrapada en disputas judiciales y políticas en Estados Unidos.
Durante años, las sanciones fueron presentadas por Washington como una herramienta para presionar por una salida democrática. Sin embargo, sus efectos terminaron impactando sobre la economía venezolana y profundizando las dificultades de una población que continúa pagando el costo de una disputa política de alcance internacional.
Ahora, el diálogo podría abrir una puerta para discutir el levantamiento de esas medidas.
Pero la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿se levantan las sanciones para facilitar una negociación o se utilizan como moneda de cambio para imponer determinadas condiciones políticas?
La respuesta será determinante para conocer la verdadera naturaleza del proceso que comienza en agosto.
Una negociación bajo la mirada de Washington
El escenario que se abre es, cuanto menos, paradójico.
Estados Unidos afirma querer favorecer la reconciliación venezolana, pero al mismo tiempo anuncia que estará “muy involucrado” y habla de un proceso de “transición”. Caracas, mientras tanto, intenta presentar las conversaciones como una iniciativa nacional destinada a reconstruir el país y alcanzar acuerdos políticos sin abandonar su marco institucional.
Entre ambas posiciones se encuentra una sociedad venezolana agotada por años de crisis, sanciones, confrontación política y presión internacional.
La gran incógnita es si el diálogo será realmente un espacio para que los venezolanos decidan su propio futuro o si terminará convertido en una nueva disputa geopolítica en la que las decisiones fundamentales vuelvan a tomarse fuera de sus fronteras.
Porque si algo demuestra la historia reciente de Venezuela es que cada vez que Washington pronuncia la palabra “transición”, detrás de ella suele existir una agenda política mucho más concreta.
Ahora habrá que ver si agosto inaugura una verdadera negociación nacional o simplemente una nueva etapa de presión internacional con otro nombre.
