No es una conspiración, es un plan de negocios. Y tiene firma, sello y dirección. El gobierno de Javier Milei insiste con la entrega de las tierras argentinas al capital extranjero sin ningún tipo de límites ni pudor. Aunque los intentos por derogar la Ley de Tierras Rurales hayan sufrido tropiezos en el Congreso, la alianza entre el poder político y los mercados globales no se detiene. Lejos de frenar, el oficialismo profundiza un proceso de extranjerización que ya había echado raíces durante el gobierno de Mauricio Macri. El resultado es un mapa que duele y enrojece: un territorio equivalente a toda Inglaterra —pero plagado de recursos estratégicos— ha pasado a manos foráneas.
Según relevó la periodista Celeste Bianco en una demoledora investigación publicada por Página/12, Estados Unidos, Italia y España encabezan el ranking del desguace nacional. Entre estos tres países acaparan más de la mitad de las 13 millones de hectáreas que ya están en manos de empresas foráneas. A esta terna se suman capitales de Suiza, Chile, Uruguay, los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar y un rosario de empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales. En total, ya controlan más del 5 por ciento del territorio nacional. Pero el dato más alarmante no es el macro, sino el micro: la geografía del saqueo no es al azar.
Desde 2011 existe la Ley de Tierras Rurales, que establece un límite claro e inquebrantable: el 15 por ciento del territorio nacional y provincial no puede ser propiedad de extranjeros. Una ley de defensa nacional que hoy es papel mojado. Según el Observatorio de Tierras, hay al menos 36 departamentos que exceden esos márgenes de manera obscena. En Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), la extranjerización supera el 50 por ciento de la superficie. ¿Casualidad? Para nada. Son zonas ricas en agua dulce, glaciares y recursos minerales.
“La mecánica es muy clara: son tierras de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos”, sentencia Matías Oberlin, investigador del Conicet, quien junto a la socióloga Julieta Caggiano trazó este mapa del despojo basándose en datos que el propio Gobierno tuvo que entregar por un pedido de información pública. “Se ubican donde hay recursos finitos: la Cordillera, los glaciares, los minerales críticos, la hidrovía del Paraná”, grafica el historiador.
El Norte: Monocultivo y deforestación
En Misiones, el modelo de colonización económica muestra sus colmillos. La provincia está al borde del límite legal del 15 por ciento, con cinco departamentos que ya lo superaron. El capital chileno, de la mano de la multinacional Arauco, impone el monocultivo de pinos. Arauco, cuya génesis se remonta a las privatizaciones de la dictadura de Augusto Pinochet, controla más de 230.000 hectáreas, devorando el 48 por ciento de los bosques nativos y asfixiando las cuencas hidrográficas. Su avance desplaza poblaciones, expulsa a los pequeños productores yerbateros y asfixia la biodiversidad.
En Salta, el 11 por ciento de las tierras rurales ya es foráneo. La china High Luck Group Limited se quedó con 300.000 hectáreas para operar con petróleo y gas. Los hermanos Gabel, de Texas, controlan más de 150.000 hectáreas a través de Quebracho Colorado S.A., expandiendo la frontera de la soja y el desmonte. Y la estadounidense Golden Minerals Company explota oro, plata y cobre en San Antonio de Los Cobres.
La Cordillera: El asedio a los glaciares
Si el Norte es el reino del monocultivo, la Cordillera es el botín de la minería extractivista y el control del agua. En Malargüe (Mendoza), el 14,73 por ciento del territorio (más de 600.000 hectáreas) está en manos extranjeras. Allí, capitales españoles y firmas como Wincul S.A. avanzan sobre proyectos de cobre, uranio y potasio, ignorando la fragilidad de los más de 11.000 hectáreas de área glaciar.
El panorama es idéntico y devastador en Iglesia (San Juan), donde el 25 por ciento de las tierras son foráneas. Con 11.000 hectáreas de superficie glaciar, el departamento alberga dos proyectos mineros en operación y once previstos. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento está extranjerizado, con minería a 4.500 hectáreas de ambientes glaciares, hipotecando el agua de las provincias. Y el caso más escandaloso: General Lamadrid (La Rioja), donde el 57 por ciento de la superficie rural fue comprada por extranjeros, con seis proyectos mineros (mayormente canadienses) aplastando ecosistemas de alta montaña.
El Sur y el Agua: Conflicto y logística
En Chubut, el departamento de Cushamen (El Hoyo) muestra el rostro más sangriento de la extranjerización. Con un 23 por ciento de tierras en manos foráneas, el grupo Benetton controla 900.000 hectáreas en una zona de incendios reiterados, rica en agua, y donde la disputa por la tierra derivó en el asesinato de Santiago Maldonado en defensa de la comunidad mapuche Pu Lof.
Finalmente, el control de la logística. Alrededor de la cuenca del Río Paraná, localidades como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), o Zárate y Campana (Buenos Aires), superan el 30 por ciento de extranjerización. No buscan solo tierra; buscan los puertos, las vías navegables y el corazón del modelo primario exportador que arrasa con los bosques nativos del norte para plantar soja para el mercado externo.
Una cuestión de Patria
Lo que revelan estos datos no es un simple movimiento de mercado; es una reconfiguración territorial de la Argentina. Es la creación de enclaves naturales for export, desconectados de las necesidades de las poblaciones locales, blindados por el poder político de turno y diseñados para saquear los recursos finitos de las próximas generaciones.
Milei y sus socios en el llano no están vendiendo “tierras improductivas”. Están entregando las fronteras, el agua, los glaciares y los minerales críticos. Están hipotecando la soberanía nacional a cambio de divisas que nunca llegan al pueblo. Y mientras la ley de 2011 es burlada departamento por departamento, la pregunta que debe retumbar en cada rincón del país es ineludible: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan rematando la patria?
