Terminan las vacaciones de invierno y el timbre debería sonar para retomar las clases. Pero en Río Negro, la “normalidad” es apenas un eslogan de campaña, una ficción sostenida por la propaganda oficial. Este lunes 27 de julio, y el martes, la docencia rionegrina vuelve a las calles y a las escuelas vacías con un paro provincial de 48 horas. No es un capricho gremial; es la única respuesta posible, democrática y colectiva, ante un Gobierno provincial que eligió el silencio, la indiferencia y el marketing por sobre el bienestar de su pueblo.
Mientras desde la Casa de Gobierno se intenta instalar una ilusión de bienestar y se multiplican los spots publicitarios sobre “obras y mantenimiento”, la realidad de las comunidades educativas es un cachetazo a la gestión. Tal como lo denuncia UnTER: “Mientras el Gobierno intenta instalar una falsa normalidad, en las escuelas la realidad es otra”. Salarios licuados por una inflación que el Estado ignora, derechos sistemáticamente vulnerados y edificios que se caen a pedazos.
Basta de anuncios. La realidad tiene nombre, apellido y urgencia. En el Z37 de Catriel, la escuela es prácticamente inhabitable, pero el cinismo oficial es tal que el espacio lo ocupa el CPE (Consejo Provincial de Educación), dejando a docentes y estudiantes hacinados, con espacios limitados e indignos para el trabajo pedagógico. En el Jardín 20 de Cipolletti, las cloacas se desbordan con una frecuencia vergonzosa, y el reclamo histórico sigue siendo ignorado por las autoridades. ¿De qué mantenimiento hablan? ¿De qué obras se jactan en los medios si las condiciones ponen en riesgo el derecho más básico: enseñar y aprender en un lugar digno?
Pero el desprecio del Gobierno no es solo edilicio; también es humano. El Ejecutivo ha declarado una guerra silenciosa contra la salud docente. Las auditorías médicas se han convertido en un mecanismo de persecución y vulneración, donde obtener una licencia por enfermedad se transforma en una odisea burocrática diseñada para cansar al trabajador y negarle su derecho a sanar.
La conducción provincial de UnTER es categórica, y la culpa tiene nombre y apellido: “La decisión de profundizar este conflicto tiene un único responsable: el Gobierno provincial, que eligió el silencio y la falta de respuestas en lugar de garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender”. Es el Gobierno de Alberto Weretilneck el que decidió que la educación pública no merece inversión real, sino migajas y discursos que llegan tarde y en cuentagotas.
Hoy y mañana, Río Negro no tendrá clases porque sobran los motivos para parar y luchar. El reclamo es urgente y no admite más excusas ni reuniones de compromiso: Reapertura de paritaria ya. Escuelas en condiciones. Respeto por el Derecho a la Salud de la docencia.
La educación pública no necesita más anuncios; necesita presupuesto, diálogo y respeto. El Gobierno debe entender que el conflicto no se resuelve con campañas de propaganda, sino con decisiones políticas a la altura de las circunstancias. La paciencia de las aulas se agotó, y la docencia rionegrina ha dejado claro que la educación se defiende con hechos, no con promesas vacías.
