El expresidente es investigado junto a dirigentes sindicales por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado en el marco de las protestas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz. Morales se encuentra resguardado en el Trópico de Cochabamba.
La Fiscalía del departamento de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que comparezca en calidad de acusado por los bloqueos de caminos registrados durante 53 días entre mayo y junio. El mandatario, desde su resguardo en el Trópico de Cochabamba, rechazó enfáticamente las imputaciones y las calificó como una consumación del asedio y la persecución política en su contra.
El mandamiento judicial se enmarca en un proceso iniciado por el Comité pro Santa Cruz, organización cívica de proyección conservadora, en contra de Morales y otros dirigentes sociales. La Fiscalía los acusa de haber impulsado los cortes de ruta durante la rebelión popular de casi dos meses, la cual buscaba forzar la dimisión del presidente Rodrigo Paz y presionar al Ejecutivo de derecha para que atendiera las demandas de las mayorías excluidas, en lugar de gobernar en interés de las élites tradicionales.
Graves acusaciones y detenidos
Morales es señalado como responsable de las movilizaciones junto a varios dirigentes sindicales que actualmente se encuentran detenidos. Las investigaciones los vinculan con presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Entre los acusados destaca también Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), gremio que desempeñó un papel relevante en la organización de las protestas. Las autoridades señalan que los bloqueos derivaron en severas afectaciones a la economía, además de reportar la muerte de varias personas que quedaron impedidas de recibir atención médica oportuna, sumado a las bajas entre los manifestantes.
El contexto del estallido social
Las movilizaciones de mayo y junio dieron continuidad a las protestas de diciembre de 2025, cuando miles de bolivianos exigieron a Paz la derogación del decreto 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles, afectando directamente a las economías populares.
Durante el reciente estallido social, los sectores populares no solo exigieron mejoras económicas y solución al déficit de combustibles, sino también la rendición de cuentas y la judicialización de los responsables del escándalo de la «gasolina basura», así como la abrogación de la ley 1720, que según los manifestantes promovía el latifundio. La no criminalización de la protesta social y la libertad de sus líderes fueron los reclamos centrales planteados al mandatario.
Respuesta de Morales y el respaldo de las bases
Evo Morales se encuentra actualmente en el Trópico de Cochabamba, bajo el resguardo de miles de seguidores de las Seis Federaciones del Trópico. En declaraciones anteriores, el expresidente defendió su postura explicando que las Federaciones no determinaron los bloqueos de caminos, desligando a la organización de la responsabilidad directa de los cortes.
Esta no es la primera orden de captura en su contra. Años atrás, el departamento de Tarija emitió otro mandato por un supuesto caso de trata y tráfico que, de acuerdo con su equipo de defensa, ya prescribió.
Para los líderes populares de base, esta nueva orden de detención no es más que una “cortina de humo”. Denuncian que la medida confirma la intención del Gobierno de Paz de evadir su responsabilidad política en la grave crisis que enfrenta la nación andina, utilizando el aparato judicial para silenciar a la oposición y castigar la disidencia social.
