Una entrevista, una carta abierta y una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando quienes deberían investigar y cuestionar al poder terminan defendiendo públicamente una condena judicial? La entrevista a un abogado de Cristina Fernández de Kirchner en TN y la posterior carta abierta de Gregorio Dalbón reabrieron un debate que incomoda: ¿hasta dónde puede llegar un periodista cuando deja de preguntar para convertirse en un defensor de una sentencia?
Hay escenas que, más allá de las posiciones políticas de quienes las protagonizan, deberían obligar a detenerse y reflexionar sobre el papel del periodismo en una democracia.
La entrevista realizada en TN a Rafael Vadim, uno de los nuevos abogados de Cristina Fernández de Kirchner, podría ser una de ellas.
El especialista en litigio internacional expuso su interpretación jurídica y sostuvo que, desde su conocimiento del derecho internacional, considera que la expresidenta es inocente y que la condena dictada en su contra carecería de sustento jurídico.
La respuesta que recibió, según la denuncia pública realizada posteriormente por el abogado Gregorio Dalbón, no habría consistido en una refutación técnica de sus argumentos. En cambio, el entrevistado habría sido cruzado con descalificaciones e ironías.
Y ahí aparece el verdadero problema.
¿Qué ocurre cuando un periodista abandona el lugar de quien pregunta, investiga y confronta argumentos para asumir el papel de defensor de una sentencia judicial?
Están nerviosos.
— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) August 4, 2026
Se les empieza a caer la operación proscripción pic.twitter.com/2nWxwVHx1y
La pregunta es particularmente relevante cuando se trata de una figura política como Cristina Fernández de Kirchner, cuyo procesamiento, condena y proscripción política han generado una enorme controversia nacional e internacional.
Dalbón, quien hasta ahora representó a la expresidenta en distintas causas, decidió responder públicamente a Claudio Savoia a través de X mediante una carta abierta.
El abogado sostuvo que la entrevista podría convertirse en un caso de estudio en ámbitos académicos y conferencias internacionales sobre lawfare. Y lanzó una acusación que debería incomodar a cualquier periodista que se precie de ejercer su profesión con independencia:
“Cuando un periodista deja de formular preguntas para defender una sentencia, deja de comportarse como un observador y pasa a involucrarse personalmente en el debate”.
La frase no debería ser tomada simplemente como una disputa entre un abogado y un periodista. El planteo excede ampliamente a sus protagonistas.
Porque el periodismo tiene derecho a cuestionar a un abogado.
Tiene derecho a desconfiar de sus argumentos.
Tiene derecho a confrontarlo con otros especialistas.
Tiene derecho, incluso, a sostener una posición crítica frente a una determinada interpretación jurídica.
Lo que resulta discutible es que, frente a argumentos técnicos, la respuesta sea la descalificación personal.
Si el argumento es incorrecto, se lo refuta. Si es falso, se lo demuestra. Si es jurídicamente inconsistente, se explica por qué.
Lo que no parece propio del periodismo profesional es ridiculizar al interlocutor cuando no se dispone de argumentos suficientes para desmontar su posición.
Y mucho menos utilizar su nacionalidad como elemento para desacreditarlo. El derecho internacional, por definición, no debería depender de las fronteras del país de nacimiento de quien lo interpreta.
El episodio deja expuesta una cuestión todavía más profunda: la creciente transformación de ciertos espacios periodísticos en verdaderos tribunales de opinión pública.
Allí se condena antes de que termine el proceso.
Se construyen culpables antes de que existan sentencias firmes.
Se presentan determinadas decisiones judiciales como verdades reveladas.
Y se descalifica a quienes las cuestionan como si cuestionar una sentencia fuera, en sí mismo, una forma de herejía política.
En ese escenario, algunos periodistas parecen haber dejado de investigar el poder para convertirse en sus intérpretes y defensores.
Y esto no es patrimonio exclusivo de un sector ideológico.
Pero en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la situación adquiere una dimensión particularmente sensible.
La expresidenta ha sido objeto durante años de una intensa disputa política, judicial y mediática. Sus adversarios sostienen que las causas en su contra demostraron la existencia de hechos de corrupción. Sus defensores, por el contrario, denuncian una persecución política y judicial destinada a impedir su regreso al poder.
Ese conflicto no debería resolverse desde los estudios de televisión.
Debería resolverse con pruebas, argumentos jurídicos y garantías procesales.
Y precisamente por eso resulta preocupante cuando algunos comunicadores parecen sentirse obligados a defender una sentencia como si fuera una causa propia.
El periodismo no tiene que defender condenas. Tiene que investigar cómo se llegó a ellas.
Debe preguntar quién acusó.
Debe preguntar qué pruebas se utilizaron.
Debe preguntar qué argumentos presentó la defensa.
Debe analizar las garantías procesales.
Debe escuchar a todas las partes.
Debe revisar los fundamentos de una sentencia y también las críticas que recibe.
Porque el periodismo que solamente reproduce la versión del poder judicial no es periodismo de investigación.
Es vocería.
Y el periodismo que adopta una sentencia como una verdad indiscutible corre el riesgo de convertirse en parte de la maquinaria que construye legitimidad alrededor de una determinada decisión política o judicial.
Eso es, precisamente, lo que quienes denuncian lawfare vienen señalando desde hace años: que determinadas persecuciones políticas no se construyen exclusivamente desde los tribunales, sino también mediante una articulación entre sectores judiciales, políticos y mediáticos.
Por supuesto, esta afirmación puede y debe ser discutida.
Pero discutirla exige argumentos.
No burlas.
No descalificaciones.
No silencios.
No operaciones de desprestigio.
Y mucho menos periodistas que parezcan sentirse personalmente afectados porque un abogado cuestiona una sentencia.
Si la condena contra Cristina Fernández de Kirchner es jurídicamente impecable, entonces debería poder resistir cualquier cuestionamiento.
Si los argumentos de su defensa son equivocados, deberían poder ser refutados.
Si el derecho internacional no tiene nada que objetar, los especialistas deberían explicar por qué.
Eso es lo que debería hacer el periodismo.
Preguntar.
No militar.
Porque cuando un comunicador abandona la distancia crítica y se convierte en un defensor entusiasta de una condena, la pregunta deja de ser qué posición política tiene.
La pregunta es otra:
¿Quién está controlando a quién?
¿El periodismo controla al poder?
¿O determinados sectores del poder están utilizando al periodismo para blindar sus decisiones?
La historia dirá qué ocurrió con el proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Serán los tribunales y, eventualmente, los organismos internacionales quienes deberán evaluar las denuncias sobre violaciones a garantías judiciales y derechos humanos.
Pero hay otra historia que también se está escribiendo.
La historia del periodismo argentino.
La de aquellos que investigaron.
La de aquellos que preguntaron.
La de quienes se animaron a cuestionar las versiones oficiales.
Y también la de quienes eligieron colocarse del otro lado de la línea.
La línea que separa al periodista del militante.
Porque un periodista puede tener una opinión política. Puede simpatizar con un gobierno o rechazarlo. Puede apoyar o cuestionar a un dirigente.
Lo que no debería hacer es disfrazar su militancia de información.
Y mucho menos utilizar su posición privilegiada para convertir una condena judicial en una verdad sagrada, intocable e incuestionable.
El periodismo no está para garantizar que una sentencia sea aceptada.
Está para garantizar que nadie pueda impedir que esa sentencia sea cuestionada.
Incluso cuando incomoda.
Especialmente cuando incomoda.
Porque cuando preguntar se convierte en un delito.
Cuando cuestionar una condena se transforma en una herejía.
Y cuando un periodista se indigna más con quien cuestiona una sentencia que con las dudas que esa sentencia pueda generar…
tal vez ya no estemos hablando de periodismo.
Tal vez estemos hablando de militancia.
