Por detrás del discurso de la desregulación y la atracción de inversiones, un amplio frente de organizaciones sociales, ambientales, académicas y de derechos humanos advierte que el Gobierno de Javier Milei impulsa un profundo cambio de reglas que podría abrir las puertas a una de las mayores transferencias de control sobre los recursos estratégicos argentinos hacia grandes corporaciones internacionales.
A horas de que el Senado trate el paquete legislativo previsto para este 6 de agosto, más de veinte organizaciones de la sociedad civil presentaron un contundente documento en el que piden rechazar tanto la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el llamado Súper RIGI, al sostener que ambas iniciativas forman parte de un mismo proyecto político y económico orientado a reducir la capacidad del Estado para controlar la tierra, el agua, la energía y otros bienes estratégicos.
Para las entidades firmantes, no se trata simplemente de una reforma normativa destinada a incentivar inversiones, sino de una arquitectura jurídica diseñada para consolidar un modelo donde el mercado y las grandes corporaciones quedan por encima de las potestades del Estado nacional y de las provincias.
“La imagen es precisa: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; después se les vendan los ojos a quienes deberían controlar esas operaciones”, afirmó Micaela Sánchez Malcolm, de la organización Géneras. Según explicó, la combinación entre la flexibilización de la Ley de Tierras, la reforma de la Ley de Sociedades y el Súper RIGI conforma un sistema que facilita la adquisición de activos estratégicos mediante estructuras societarias opacas y luego protege esas inversiones durante tres décadas frente a cualquier intento futuro de regulación estatal.
Las organizaciones sostienen que la Patagonia aparece como uno de los principales objetivos del nuevo esquema debido a la enorme disponibilidad de agua dulce, minerales críticos, recursos energéticos y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de centros de datos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, uno de los sectores que el Gobierno busca atraer mediante beneficios extraordinarios.
Treinta años de blindaje para las corporaciones
Otra de las advertencias apunta al alcance del denominado Súper RIGI. Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute, aseguró que el régimen implica una cesión inédita de capacidad regulatoria.
“El senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia durante treinta años”, sostuvo. Según explicó, cualquier modificación futura en materia laboral, ambiental o de derechos humanos podría derivar en demandas multimillonarias contra la Argentina ante tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI.
Para las organizaciones, el problema no radica únicamente en los beneficios fiscales otorgados a las empresas, sino en la imposibilidad práctica de que futuros gobiernos puedan revisar esas condiciones sin exponerse a litigios internacionales.
“Un programa de remate”
Las críticas más severas llegaron desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Lucas Micheloud calificó las iniciativas como parte de “un programa de remate de la Argentina”, destinado —según afirmó— a remover todas las barreras que hoy limitan el avance de grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos sobre los territorios nacionales.
En su análisis, el proyecto elimina herramientas básicas de protección construidas durante años para evitar la concentración y extranjerización de la tierra, precisamente en un contexto internacional donde el agua potable, la energía y los minerales críticos se han convertido en activos geopolíticos de enorme valor.
La contradicción con el discurso sobre Malvinas
Uno de los cuestionamientos más fuertes provino del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
Su secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, sostuvo que resulta incompatible reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas mientras se impulsan leyes que —a su entender— facilitan la pérdida de control sobre el territorio continental.
“Milei está llevando adelante un plan sistemático de entrega para dejar a los argentinos mirando cómo se desintegra el territorio nacional”, afirmó.
El mecanismo que denuncian
El documento presentado ante el Senado describe una secuencia de tres pasos que, según las organizaciones, explica el funcionamiento integral del paquete legislativo.
En primer lugar, la reforma de la Ley de Tierras eliminaría los límites a la extranjerización y permitiría adquirir tierras con acceso a lagos, ríos y otras reservas estratégicas de agua.
En segundo término, la modificación de la Ley de Sociedades reduciría las exigencias de transparencia sobre quiénes son los verdaderos propietarios de esas inversiones.
Finalmente, el Súper RIGI otorgaría estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria durante treinta años, limitando severamente la capacidad futura del Estado para modificar las reglas del juego.
Para las entidades, ninguna de estas iniciativas puede analizarse por separado porque cada una cumple una función específica dentro de un mismo modelo.
Convocatoria al Congreso
Frente a este escenario, las organizaciones convocaron a una movilización nacional frente al Congreso durante la sesión del Senado y reclamaron a los legisladores rechazar integralmente el paquete de leyes.
“Rechazar una norma y aprobar la otra sería dejar la puerta abierta. Son dos piezas del mismo mecanismo”, concluye el documento.
Mientras el Gobierno sostiene que las reformas son indispensables para atraer inversiones y dinamizar la economía, los colectivos firmantes advierten que el costo podría ser una profunda pérdida de soberanía sobre recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país, además de un fuerte condicionamiento para las futuras administraciones democráticas.
El debate que comenzará en el Senado trasciende, así, una discusión jurídica: enfrenta dos modelos de país. Uno que apuesta a la apertura irrestricta del capital privado como motor del crecimiento y otro que sostiene que existen bienes estratégicos cuya regulación y control no pueden quedar subordinados a las reglas del mercado.
