Ingresó este martes al Concejo Deliberante de Choele Choel un proyecto impulsado por el concejal Rodrigo Araneda mediante el cual se propone que el cuerpo manifieste un enérgico rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que actualmente se debate en el Senado de la Nación. La iniciativa sostiene que la propuesta del Gobierno nacional representa un profundo retroceso en materia ambiental, social y de soberanía territorial, al tiempo que advierte que habilitaría un proceso de “extranjerización de la tierra” sin precedentes.
El proyecto plantea que, aunque la iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei se presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones, en realidad coloca el derecho de propiedad por encima de otros derechos constitucionales, como el acceso a la vivienda, la protección del ambiente y el interés colectivo.
En sus fundamentos, Araneda sostiene que la propuesta recupera una concepción “clásica y absoluta” de la propiedad privada, dejando de lado el criterio de función social y ambiental incorporado por la reforma constitucional de 1994. En ese sentido, señala que el proyecto desconoce principios consagrados por la Constitución Nacional y compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana y el acceso a la información en cuestiones ambientales.
Críticas a los cambios en tierras rurales y manejo del fuego
Uno de los ejes centrales de la iniciativa apunta a las modificaciones previstas para la Ley de Tierras Rurales. Según el texto presentado, la reforma elimina el límite del 15% a la titularidad extranjera sobre tierras rurales, suprime las restricciones por nacionalidad y deroga el tope de 1.000 hectáreas por propietario extranjero.
Además, cuestiona que la nueva definición de titularidad extranjera permitiría que grandes corporaciones e inversores privados adquieran tierras sin restricciones, incluso en zonas estratégicas como áreas de frontera o regiones con importantes reservas hídricas.
El proyecto también rechaza los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego, especialmente la eliminación de las prohibiciones que impedían modificar el uso del suelo durante décadas en terrenos afectados por incendios. Según los fundamentos, esta flexibilización podría favorecer maniobras especulativas vinculadas a emprendimientos inmobiliarios y agronegocios sobre superficies incendiadas.
Río Negro, en el centro de la preocupación
La iniciativa dedica un apartado específico a la situación de Río Negro, al considerar que la provincia posee un enorme valor estratégico por sus recursos naturales, sus cuencas hídricas, áreas protegidas, zonas productivas y recursos energéticos.
En ese marco, el texto advierte que una eventual eliminación de las restricciones actuales podría facilitar la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y afectar la soberanía nacional sobre bienes considerados estratégicos.
También sostiene que la reforma implicaría un debilitamiento de las herramientas del Estado para intervenir en defensa del interés público, al endurecer el régimen de expropiaciones y elevar significativamente las compensaciones económicas a propietarios privados.
El proyecto de resolución
La propuesta presentada por Araneda solicita que el Concejo Deliberante:
- Manifieste su “más enérgico repudio y rechazo” al proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en el Senado.
- Exhorte a diputados y senadores nacionales a votar en contra de la iniciativa.
- Remita copia de la resolución a las autoridades del Congreso Nacional y a los representantes legislativos de Río Negro.
Para el concejal, la iniciativa nacional no sólo implica una flexibilización del régimen de propiedad de la tierra, sino que también profundiza las desigualdades sociales al favorecer a grandes propietarios e inversores, mientras reduce las herramientas del Estado para garantizar el acceso a la tierra, proteger el ambiente y preservar recursos estratégicos.
De prosperar la resolución, Choele Choel se sumaría a los municipios que expresan institucionalmente su rechazo al proyecto nacional por considerar que abre la puerta a un proceso de concentración y extranjerización del territorio, con potenciales consecuencias sobre la soberanía, el ambiente y el acceso equitativo a los bienes comunes.
