El anuncio de incorporar un “Cargo Específico” para repagar las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa desató una ola de rechazo inmediato. Organizaciones de usuarios, centros vecinales y asociaciones civiles ya avanzan en una impugnación formal conjunta ante el ENARGAS, denunciando opacidad, sobrecostos y el intento de cobrar equipos que ya pagó el Estado.
Lo que comenzó como un anuncio técnico en un expediente regulatorio se transformó en pocas horas en un conflicto social de primera magnitud en la Patagonia. La solicitud de Camuzzi Gas del Sur de incorporar un Cargo Específico equivalente al 35% del gasto fijo en las facturas de aproximadamente 126.000 usuarios para repagar un crédito de $55.429.630.061,85 generó un malestar generalizado que derivó en una respuesta organizada y contundente: la impugnación formal de la medida.
El malestar no es solo por el impacto económico en los hogares patagónicos, sino por lo que las organizaciones de defensa del usuario califican como una “falta absoluta de transparencia y una doble imposición”.
El detonante: “Cobrar dos veces lo mismo y a libro cerrado”
El núcleo del rechazo radica en que la obra que Camuzzi pretende cobrar a los usuarios no está debidamente acreditada. Según el análisis técnico que circula entre las agrupaciones, los tres motocompresores de las plantas fueron adquiridos originalmente por el Estado Nacional en 2017 y posteriormente cedidos a la empresa a valor cero, un hecho que la propia Resolución ENReGE N.º 575/2026 reconoce.
“No vamos a permitir que se traslade a las familias el costo de decisiones empresariales, demoras o, peor aún, que se nos cobre dos veces por equipos que ya pagó el Estado con nuestros impuestos”, señaló un referente de la coalición de asociaciones de usuarios que está coordinando la respuesta. “Además, no hay forma, ni en el expediente ni en las rendiciones, de saber si el gasto que la empresa pretende rendir es el que realmente correspondía. Es un cheque en blanco, todo al libro cerrado”.
Una escalada de cifras que alarma a los expertos
Otro de los puntos que encendió la alarma fue la comparación con el único antecedente público de licitación de esta misma infraestructura. En 2018, la firma Peitel S.A. se adjudicó el montaje de las plantas por un total de $228 millones de la época.
Si bien las organizaciones aclaran que no se trata de una comparación nominal directa por la inflación, la disparidad es abismal cuando se observa la evolución de las cifras públicas oficiales:
- Mayo 2024: Se hablaba de una obra de más de $7.000 millones.
- Julio 2025: Fuentes oficiales elevaron la cifra a $20.000 millones.
- 2025 (posterior): Se informó un financiamiento bancario de $24.800 millones.
- 2026 (expediente actual): El monto a recuperar se dispara a $55.429 millones.
“Sin una conciliación oficial, rubro por rubro, es imposible que el usuario sepa qué está pagando”, advierte el borrador de impugnación que ya fue compartido entre más de una docena de entidades para su adhesión.
Más de la mitad del monto no es obra física
El documento de trabajo que sustenta el malestar revela un dato que indignó a las asambleas de usuarios: de los $55.429 millones que se pretenden recuperar, $34.789 millones (el 62,7%) son conceptos proyectados que aún no fueron ejecutados ni auditados.
Peor aún, $28.923 millones corresponden a costos financieros, fiscales y fiduciarios. Es decir, más de la mitad de la factura que recibirán las familias no paga ladrillos, cañerías o montaje, sino intereses bancarios, gastos de fideicomiso e incobrabilidad.
La respuesta organizada: una impugnación en marcha
Lejos de quedar en un reclamo aislado en redes sociales, el malestar se canalizó rápidamente en una acción legal y regulatoria coordinada. Distintos centros de vecinos, asociaciones de defensa del consumidor y agrupaciones territoriales están evaluando el borrador de impugnación para decidir si presentan un escrito conjunto de alto impacto o presentaciones individuales coordinadas ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El petitorio base exige:
- La suspensión inmediata de la aprobación del cargo hasta que se aclare la trazabilidad del gasto.
- Una auditoría y benchmark independiente que compare los costos actuales con la licitación histórica de 2018.
- La certificación expresa de que el precio de los motocompresores pagados por el Estado no se está cobrando de nuevo.
- La identificación pública de los contratistas que ejecutaron la obra en 2025/2026 y sus eventuales vínculos con la distribuidora.
- La convocatoria a una Audiencia Pública con participación real de los usuarios.
El reloj corre contra el ENARGAS
Las organizaciones advierten que el tiempo regulatorio juega en contra de los usuarios. Si el ENARGAS aprueba el cargo en los términos actuales, el mecanismo de cobro se activaría de manera compulsiva en las próximas boletas, generando un perjuicio económico irreparable a 126.000 hogares que ya enfrentan una situación económica compleja.
“La necesidad de la obra no transforma cualquier costo en un costo trasladable”, concluye el documento que ya empieza a ganar adhesiones en toda la cordillera patagónica. “Antes de imponer este 35% de aumento en el gasto fijo, el Estado debe demostrar que no se está regalando plata, que no se cobra dos veces lo mismo y que el precio es justo. Hasta que eso no esté claro, la impugnación será total”.
Las agrupaciones convocan a una reunión de trabajo la próxima semana para definir la estrategia final y la fecha de presentación formal ante el organismo de control.
