El proyecto del gobernador Weretilneck para transformar la obra social estatal en un sistema optativo logró dictamen de comisión, pero las modificaciones de último momento para salvar a magistrados y cargos electivos de la “libertad de elección” encendieron las alarmas. Jubilados y gremios judiciales advierten sobre un plan de privatización encubierto que replica la lógica de achique del Estado.
Mientras la salud pública se convierte en el principal campo de batalla social, la Legislatura de Río Negro avanzó a los ponchazos con el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el IPROSS. La iniciativa, que busca transformar la afiliación obligatoria en un sistema optativo, logró dictamen de mayoría en plenaria de comisiones, pero no sin dejar al descubierto las grietas de una maniobra que, según denuncian los trabajadores, busca “vaciar” la obra social para favorecer al negocio privado.
Desde la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de Río Negro (CORJUB) rechazaron de manera categórica el proyecto, calificándolo como un intento de “liquidar” la institución. “La proclamada ‘libertad de elección’ esconde el inocultable propósito de debilitar social y económicamente al IPROSS”, sentenciaron desde la entidad, advirtiendo que, de prosperar, Río Negro se convertiría en la única provincia del país que busca desprenderse de sus afiliados, renunciando a su obligación constitucional de brindar una salud solidaria.
El negocio de la “libertad” y la autoexclusión de los privilegiados
La reunión de comisiones evidenció la falta de consenso y los parches de último momento que el oficialismo tuvo que aplicar para intentar sostener el proyecto. Tras las observaciones de las bancadas, el texto fue modificado para establecer que quienes opten por salir deberán permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad, pudiendo retornar al instituto estatal recién tras 36 meses y sin períodos de carencia.
Sin embargo, el punto que más expuso la hipocresía del debate fue la exclusión explícita del “derecho de opción” para cargos electivos, políticos, magistrados y funcionariado judicial. Es decir, los mismos que impulsan la migración hacia prepagas privadas para el resto de los estatales, se aseguraron un clause de excepción para mantener sus privilegios dentro del sistema público.
La raíz del problema: el Estado como principal deudor
Frente a la narrativa oficial que intenta instalar la idea de una obra social inviable, CORJUB y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) pusieron el dedo en la llaga: el desfinanciamiento es estructural y responsabilidad directa del Ejecutivo.
“Muchos años de aportes recortados por las sumas en negro, desmanejos y falta de transparencia hicieron previsible esta crisis”, denunciaron los jubilados. En Río Negro, las sumas en negro superan ampliamente el salario blanco, pero el gobierno provincial deriva al IPROSS el 7% patronal y el 4% del trabajador únicamente sobre ese ínfimo porcentaje formalizado. “El Ejecutivo es el principal generador del déficit”, sentenciaron, exigiendo el blanqueo total de los salarios, el aumento de los haberes y la entrega de la administración a sus auténticos dueños: los trabajadores.
Desde SITRAJUR, su secretario general Marco Calarco coincidió en que el problema no es la obligatoriedad, sino el esquema de financiamiento. Su par Manuel Ricardes exigió transparencia y el informe detallado de las millonarias deudas que arrastran los municipios y los distintos poderes del Estado con prestadores, farmacias y laboratorios.
La bronca de los afiliados, hartos de las demoras, los descuentos insuficientes en medicamentos y la precarización de las prestaciones, fue el telón de fondo de un debate donde la oposición (PRO, VcT y PJ-NE) solicitó 48 horas de reserva para analizar un texto que, a todas luces, carece de sustentabilidad.
Entre la polémica por la salud, la Legislatura convalidó otras iniciativas
Mientras el sistema de salud pública se debate entre la privatización encubierta y la defensa de la solidaridad, las comisiones despacharon otros proyectos que formarán parte de la agenda legislativa:
- Nueva Unidad de Familia en Roca: A instancias del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Cesi, se aprobó la creación de una cuarta Unidad Procesal de Familia en General Roca. Cesi justificó la medida basándose en la “carga ponderada de trabajo”, revelando que los tres juzgados actuales superan los 13.500 puntos de demanda, muy por encima del máximo recomendado de 12.000.
- Donación de tierras en Guardia Mitre: Por unanimidad, se autorizó a la provincia a donar 40 parcelas a la municipalidad para regularizar un barrio construido en 1984 por esfuerzo propio de sus vecinos. El intendente Miguel Evans destacó que se trata de resolver una deuda histórica de titularidad que data de 1961, permitiendo ahora la escrituración a favor de las familias.
- Otras leyes y reconocimientos: Avanzó con dictamen la adhesión a la ley nacional de Diagnóstico Humanizado para contener a familias que reciben diagnósticos de Síndrome de Down. También obtuvo media sanción la modificación de la ley de prevención de enfermedades de transmisión sexual (con reserva del bloque Vamos con Todos). Finalmente, se trataron proyectos de reconocimiento a las figuras de Óscar José Meilán y José Luis Fuertes, ambos con pedidos de reserva de 48 horas por parte del PRO.
