Mariela “La Jefa” Rodríguez, secretaria general de ATE Valle Medio, denunció que la mayoría de los trabajadores municipales de la región viven bajo la línea de pobreza o en la indigencia, con sueldos que no alcanzan para la canasta básica, múltiples empleos a contraturno y un sistema que naturaliza el maltrato, la persecución y la explotación laboral desde el propio Estado.
La entrevista exclusiva a Mariela Rodríguez deja al descubierto una verdad que el poder político intenta maquillar: el Estado municipal, que debería ser garante de derechos, asume sin vergüenza su rol de explotador casi esclavizante de sus propios trabajadores. Sueldos de 654 mil pesos, contrataciones precarias, becas encubiertas, amenazas de sumarios, miedo permanente al despido y funcionarios que cobran entre uno y tres millones y medio de pesos mientras exigen “comprensión” a quienes no llegan a fin de mes.
Rodríguez fue contundente: “La mayoría de los trabajadores municipales de Valle Medio están por debajo de la línea de pobreza. No llegan a cubrir la canasta familiar. Y la mayoría tiene otro trabajo a contraturno, en las chacras, en la poda, en limpieza de canales. Son changas. Son indigentes”. No se trata de una excepción: “Todas las realidades son iguales en casi todos los municipios”, afirmó.
La dirigente sindical cuestionó el doble discurso de los gobiernos locales: “Siempre nos piden que entendamos la situación del municipio. ¿Y cuándo entienden al trabajador?”. Mientras se escudan en la coparticipación, organizan fiestas millonarias y sostienen plantas políticas sobredimensionadas. “Si tuvieran menos planta política, sería distinta la cosa”, disparó.
La precarización laboral es el corazón del problema. Contratos que se renuevan cada tres o seis meses, trabajadores que no saben si van a seguir, personal que figura como “técnico auxiliar” cuando en realidad cumple funciones de Personal de Servicios Auxiliares, jornadas laborales extendidas sin reconocimiento y una administración pública que “miente la tarea que le adjudica a sus empleados”, como señaló Rodríguez. “Eso también es explotación”, sostuvo.
El miedo es una herramienta de control. Según relató, hay municipios donde se amenaza con sumarios sin que siquiera existan Juntas de Disciplina legalmente constituidas, otros que no tienen estatuto ni carta orgánica, y un sistema donde la vara no es la ley sino la cercanía política. “No porque sos amigo de, hijo de o hermano de vas a estar protegido. La ley tiene que ser pareja para todos”, reclamó.
En Choele Choel, además, la situación es particularmente grave. Tras la publicación de la nota de Perspectiva VM sobre salarios de pobreza, surgieron testimonios de maltrato, amenazas veladas de despidos, funcionarios que sacan fotos a trabajadores por tomarse un mate en un descanso improvisado y un clima laboral propio de un régimen disciplinador más cercano a la servidumbre que al empleo digno.
Rodríguez no esquivó la responsabilidad sindical: “A mí no me va a temblar la mano. Si hay que tomar medidas, se van a tomar. Yo no le debo nada a nadie, a ningún político ni a ningún intendente”. Y anticipó que “en Choele están pasando muchas cosas” y que habrá acciones gremiales en el corto plazo.
El contraste que describió es obsceno: mientras un trabajador municipal cobra 300, 400 o 654 mil pesos, un funcionario político percibe entre uno y tres millones y medio. “Ninguno de la planta política cobra 654”, subrayó. Sin embargo, son esos mismos funcionarios los que exigen sacrificios a los empleados que sostienen el funcionamiento cotidiano de los municipios.
La historia personal de Rodríguez refuerza el peso de sus palabras. Fue despedida, tardó ocho años en pasar a planta permanente y llegó a encadenarse en Casa de Gobierno mientras su compañero de vida atravesaba un cáncer de colon. “Yo lo viví en carne propia. Por eso no me la cuentan. Por eso puedo hablar”. Esa experiencia la convirtió en una dirigente que no negocia en silencio ni acepta pactos de conveniencia.
La radiografía es demoledora: trabajadores municipales empobrecidos, endeudados, con dos o tres trabajos para sobrevivir; contratos basura; persecución política; falta de estatutos; y un Estado que incumple su obligación básica de garantizar empleo digno. No se trata de errores administrativos, sino de una estructura de explotación sostenida en el tiempo.
Cuando el propio Estado paga salarios de miseria, precariza, amenaza y disciplina con el miedo, deja de ser garante de derechos para convertirse en patrón abusivo. Y cuando eso ocurre, la democracia laboral se vacía de contenido: lo que queda es un sistema que normaliza la pobreza, la desigualdad y la humillación de quienes sostienen, con su trabajo, el funcionamiento de cada municipio.
