Un padre acusa a uniformados de golpear a su hijo tras una travesura; el hecho reaviva el debate sobre el uso de la violencia como forma de “corrección” policial.
Una situación que comenzó como una travesura adolescente terminó con denuncias por apremios ilegales contra efectivos policiales. Reinaldo Stuardo, vecino de Coronel Belisle, denunció públicamente que su hijo —menor de edad— fue golpeado por agentes de la Policía luego de ser demorado junto a otro joven.
Según el relato del padre, los chicos salieron a dar una vuelta en auto durante la noche y comenzaron a pasar por charcos de agua, acelerando para hacerlos salpicar. Esta conducta —aparentemente imprudente pero sin consecuencias mayores— fue interrumpida por una patrulla policial que los interceptó. Lo que siguió, según denuncian, fue un procedimiento marcado por la violencia.
“Mi hijo salió a tomar unos mates con un amigo. Se encontraron, dieron una vuelta en auto y pasaron por un charco. En eso los agarró la Policía. Los golpearon”, declaró Stuardo al medio local “Perspectiva”. El padre añadió que su hijo fue examinado en el hospital, donde le constataron lesiones físicas.
“Yo estoy de acuerdo en que los corrijan, pero no que los golpeen. Jamás le levanté la mano a mi hijo, y tengo prohibido que ande fuera de hora. Pero no por eso los van a golpear”, afirmó con indignación.
El padre informó que presentará una denuncia formal en la Justicia y se encuentra intentando contactar a los padres del otro adolescente involucrado. Ambos jóvenes, según relató, cuentan con licencia de conducir, a pesar de ser menores, y el auto estaba en condiciones de circular. Los padres del otro chico ya habrían radicado la denuncia en sede policial.
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EDITORIAL | La violencia policial como “corrección”: una herencia que no desaparece
El caso en Choele Choel no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en una larga historia de abusos disfrazados de autoridad. La costumbre —porque ya puede llamarse así— de golpear a los detenidos, especialmente si son jóvenes o vulnerables, sigue siendo una práctica arraigada en ciertos sectores de las fuerzas de seguridad.
Hay una lógica cultural que aún persiste en buena parte del aparato policial: la idea de que la violencia es una forma válida de “enseñar” límites o “corregir” comportamientos. Se golpea porque “se lo buscaron”, se les da “un correctivo” porque “nadie les pone un freno”, como si el uniforme habilitara una pedagogía de puños y patadas. Esta mentalidad, heredera de épocas autoritarias, es incompatible con un Estado de derecho.
El discurso social que la tolera —o incluso la aplaude— también es parte del problema. Muchos padres, como el propio Stuardo, incluso entienden que los chicos merecen una sanción. Pero el límite es claro: esa sanción no puede ni debe venir de la mano de la violencia. Nadie, ni siquiera un policía, está por encima de la ley.
En este caso, un gesto imprudente, pero claramente menor, terminó con adolescentes lastimados. Si la denuncia se confirma, los uniformados no solo quebraron el protocolo, sino que dañaron la confianza ciudadana en una institución que debería proteger, no castigar arbitrariamente.
La justicia deberá investigar, y la sociedad —nosotros— revisar cuántas veces miramos para otro lado cuando el “correctivo” viene con uniforme.
