Mientras familias de escasos recursos gastan más de 15 mil pesos diarios para acceder a servicios básicos, el municipio y la provincia miran hacia otro lado: sin regulación efectiva, proliferan “UBER truchos”, taxis sin identificación y una competencia desleal que ahoga a los conductores formales, mientras la promesa de un sistema público accesible sigue siendo letra muerta.
La crisis del transporte público en esta ciudad del Valle Medio no es coyuntural: es estructural, deliberada y profundamente injusta. En una localidad donde ir y volver del hospital desde barrios periféricos como Maldonado demanda un desembolso mínimo de 15 mil pesos —una cifra prohibitiva para jubilados, trabajadores informales y pacientes del sistema público de salud—, las autoridades municipales y provinciales han optado por la omisión sistemática. El resultado es un caos regulatorio donde operan vehículos sin seguros comprobables, sin obleas identificatorias y sin fiscalización alguna, mientras los taxistas formales —sometidos a licencias costosas y tarifas municipales discutidas— ven erosionados sus ingresos por una competencia irregular que el Estado se niega a controlar.
El problema actual tiene raíces profundas. Desde hace décadas, el municipio delegó de facto la responsabilidad del transporte colectivo en el servicio de taxis. El precio de la “bajada de bandera” lo fija el Ejecutivo local, generando tensiones constantes con los conductores. Paralelamente, los taxis compartidos provenientes de Lamarque, Beltrán y Darwin ingresan diariamente a la ciudad para captar pasajeros, sin que exista un marco normativo interjurisdiccional que regule su actividad. Hubo una esperanza fugaz: la creación del Ente de Desarrollo del Valle Medio, integrado por todos los intendentes de la región, incluido Río Colorado. Pero esa instancia, concebida para consensuar políticas regionales, fracasó estrepitosamente en abordar el tema. El transporte quedó librado a la ley del más fuerte.
Hoy, la situación se ha agravado con la irrupción de conductores que se autodenominan “UBER”. Según testimonios off the record recabados por este medio, apenas dos vehículos operarían genuinamente bajo la plataforma internacional —que sí exige seguros, verificación de antecedentes y trazabilidad del recorrido—. El resto son simples particulares que publicitan sus servicios en redes sociales bajo la etiqueta “UBER”, pero derivan las llamadas a teléfonos personales, eliminando toda transparencia y seguridad. “Son taxis truchos con branding moderno —denuncia un conductor con 20 años en la actividad—. Nadie sabe si tienen seguro para pasajeros, si el vehículo está en condiciones o si el conductor tiene antecedentes penales. Y el municipio o no ve, o no quiere ver”.
La ironía es brutal: mientras Uber —empresa con sede en San Francisco que opera en más de 900 áreas metropolitanas globales— exige estándares mínimos en cualquier ciudad donde se instala pero aparentemente no tributan localmente como sí lo hacen los taxistas, en Choele Choel su nombre se ha convertido en una fachada para evadir controles que, paradójicamente, sí aplican a los taxistas registrados. Mientras tanto, las necesidades reales de la población crecen sin respuesta. Barrios como Las Mercedes o la incipiente urbanización tras la estación de servicio sobre ruta 22 —a más de tres kilómetros del centro— quedan aislados. Estudiantes de la Universidad de Río Negro, trabajadores de comercios y pacientes del hospital dependen de un sistema que los expulsa por su costo.
En las últimas elecciones municipales, una fuerza política propuso implementar un servicio de minibuses o combis, articulando con dueños de vehículos particulares para crear rutas frecuentes hacia la zona céntrica, donde se concentran oficinas públicas, centros de salud y la universidad. La propuesta, técnicamente viable y socialmente urgente, fue archivada sin debate. Hoy, la realidad es clara: no hay voluntad política para regular, ni para crear alternativas. Los controles no solo son insuficientes; brillan por su ausencia absoluta.
Mientras tanto, cada viaje en un “UBER trucho” es una ruleta rusa para usuarios vulnerables. Cada licencia de taxi otorgada sin planificación es un negocio para el municipio y una trampa para el conductor. Y cada familia que elige entre comer o trasladarse al hospital es una víctima silenciosa de esta negligencia institucional. En Choele Choel, el transporte público no está en crisis: nunca existió. Y mientras las autoridades sigan mirando hacia otro lado, la movilidad seguirá siendo un privilegio —no un derecho— para quienes más lo necesitan.
