La ciudad adhiere a la Ley Provincial N° 3475 y crea un registro municipal, endureciendo sanciones a los progenitores que incumplen con la cuota alimentaria. En tiempos de crisis, cada pago impago se traduce en hambre, falta de educación y un futuro comprometido para los hijos.
El Concejo Deliberante de Choele Choel aprobó anoche la adhesión a la Ley Provincial N° 3475 que creó el Registro de Deudores Alimentarios de Río Negro, y avanzó en la creación de un registro municipal propio, con fuertes medidas que apuntan a garantizar el cumplimiento de la obligación parental.
La ordenanza establece que el listado será de acceso público y se publicará en el Boletín Oficial de la ciudad en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, además de difundirse por las páginas web oficiales y redes sociales de los organismos municipales.
Entre las disposiciones más estrictas, se establece que las personas inscriptas en el registro no podrán ser proveedores ni contratistas del Estado municipal, ni recibir habilitaciones, concesiones, licencias o permisos en Choele Choel. También se prevé que instituciones intermedias —como clubes, asociaciones, fundaciones, comercios, iglesias, bancos y fuerzas de seguridad— colaboren en la difusión del registro.
El régimen contempla excepciones limitadas: quienes necesiten licencia de conducir o habilitación comercial para trabajar podrán obtener permisos provisorios, con la obligación de regularizar su situación en un plazo breve.
Un paso político y social
El Concejo fundamentó la medida en la necesidad de reforzar el cumplimiento de la responsabilidad parental, recordando que el Código Civil y Comercial fija la obligación alimentaria hasta los 21 años. Además, citó un informe de UNICEF 2024 que revela que en Argentina el 56% de las madres de hogares monoparentales no recibe la cuota alimentaria.
La Carta Orgánica Municipal ya contemplaba la inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes fueran deudores alimentarios con sentencia firme, pero ahora el alcance se amplía de manera significativa.
Con esta decisión, Choele Choel se suma a las ciudades que aplican medidas concretas contra la morosidad alimentaria. En palabras de los ediles, se trata de “defender el derecho a la vida de los hijos y dar herramientas al Estado para combatir una injusticia que todavía crece en las estadísticas”.
Una deuda que no es solo económica
El incumplimiento alimentario no es un simple problema jurídico ni una disputa privada entre adultos: es una deuda social que golpea en el lugar más vulnerable, la infancia. En tiempos de crisis, cuando los ingresos se deterioran y las desigualdades se ensanchan, cada cuota impaga es más que un número: es comida que falta, es un cuaderno que no se compra, es un futuro que se achica.
Al endurecer las sanciones y visibilizar a los deudores, Choele Choel no solo legisla: envía un mensaje político y ético. En una sociedad que suele ser indulgente con el incumplimiento, la ciudad pone el foco en quienes quedan siempre en segundo plano: los hijos. Porque la deuda de alimentos, en última instancia, no es económica, sino moral. Y su pago pendiente es con la niñez.
