El diputado nacional libertario Manuel Quintar quedó en el centro de una grave denuncia por supuesta estafa y vaciamiento de la obra social de los trabajadores del azúcar del Ingenio Ledesma (Ospail). La acusación fue presentada por el actual secretario general del sindicato, Luciano Lezano, quien sostiene que el legislador, junto a ex dirigentes gremiales, montó un mecanismo para apropiarse del millonario negocio de la salud de más de 5.000 afiliados.
Según Lezano, Quintar habría replicado en Jujuy un modelo ya cuestionado en otra obra social nacional: la de los peones rurales (Osprera), escándalo que tiene como protagonista a su jefe político, Eduardo “Lule” Menem, investigado por el fiscal federal Guillermo Marijuán por un circuito de retornos y contratos direccionados hacia empresas amigas.
En el caso de los azucareros, la trama involucra al ex presidente de la obra social, Miguel Guerra, y a su ex tesorera, Julieta Chocala, quienes firmaron documentos que, según la denuncia, elevaron irregularmente una deuda de 183 millones a casi 500 millones de pesos, incluso cuando ya habían perdido la conducción gremial.
El negocio de las clínicas
La maniobra denunciada apunta a contratos entre Ospail y la clínica Sagrado Corazón, presuntamente vinculada a Quintar y su pareja, además de la histórica clínica Los Lapachos, propiedad de la familia del legislador. Según la auditoría interna, el sindicato llegó a pagar 60 millones de pesos mensuales por prestaciones cuyo costo real rondaba los 18 millones. “Estamos ante una posible estafa millonaria”, advirtió Lezano en declaraciones al medio digital porteño “La Política Online” (LPO).
El sindicalista también denunció que sufrió amenazas e intentos de destitución, incluido el accionar de barras bravas para tomar la clínica, y que Guerra y Chocala lo dejaron sin firma para manejar los fondos de la obra social, poniendo en riesgo la atención médica de más de 5.100 beneficiarios.
Un conflicto que escala
El enfrentamiento llegó a la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero bajo la órbita de Sandra Pettovello. Allí, tanto Lezano como sus opositores presentaron denuncias cruzadas. Mientras el actual secretario general reclama la intervención estatal para garantizar la cobertura de los afiliados, el sector alineado a Quintar exige que se reconozca una “asamblea extraordinaria” que lo expulsó del cargo.
En paralelo, Quintar se reunió esta semana en Casa Rosada con Lule Menem, alimentando las sospechas de que la pulseada gremial responde a un armado político mayor.
La defensa del diputado
Consultado por el portal La Política Online, Quintar rechazó todas las acusaciones. “Esto es una interna sindical y me quieren ensuciar. Yo solo fui abogado de la clínica y brindé asesoramiento legal”, se defendió. Sin embargo, los trabajadores recuerdan que la clínica Los Lapachos siempre estuvo ligada a su familia y que, en los ‘90, incluso llevaba el apellido Quintar.
¿Un nuevo caso Osprera?
El diputado de izquierda Alejandro Vilca advirtió que la Ospail es “la segunda obra social más importante de Jujuy” y que lo ocurrido “puede derivar en un nuevo caso Osprera”. El paralelismo preocupa: al igual que en el gremio rural, se sospecha de un entramado donde la política y los negocios privados avanzan sobre los fondos de la salud de los trabajadores.
Mientras tanto, los azucareros reclaman certezas. “Tenemos familias con niños discapacitados, pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas que no pueden quedar a la deriva por una pelea de poder”, señaló Lezano.
El caso ya escaló a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y promete convertirse en uno de los mayores escándalos sindicales y políticos de Jujuy en los últimos años.
Un cierre que incomoda
El caso Quintar–Lule Menem expone un patrón ya demasiado conocido en la política argentina: el uso de las obras sociales como caja negra de poder, favores y negocios privados. Lo que debería ser un derecho básico de los trabajadores —el acceso a la salud— termina convertido en un botín en disputa entre dirigentes, abogados y empresarios con vínculos políticos.
Las denuncias en Jujuy no son un hecho aislado. El antecedente de Osprera, todavía bajo investigación judicial, muestra que cuando los resortes del Estado se cruzan con el control de gremios y clínicas privadas, los que pagan el precio más alto son siempre los mismos: los afiliados, que ven peligrar tratamientos oncológicos, medicación crónica o la atención de niños con discapacidad.
Más allá de nombres propios y banderías políticas, el trasfondo es claro: sin transparencia ni control, las obras sociales siguen siendo un terreno fértil para la corrupción estructural en la Argentina. Y el drama es que, mientras los dirigentes juegan a la interna, los trabajadores enfermos esperan un turno, un remedio o una cama de hospital.
