Viedma, 18 de septiembre de 2025 –
El legislador provincial Luciano Delgado Sempe cuestionó duramente la respuesta del presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) frente al reclamo que presentó por la decisión de permitir que EDERSA deje de enviar la factura en formato papel, afectando a miles de rionegrinos y rionegrinas.
“El EPRE debería estar del lado de los usuarios, no actuando como defensor de los intereses empresariales. Lo que están haciendo es empujar a los sectores más vulnerables a la exclusión digital y al riesgo de perder el acceso a un servicio esencial”, afirmó Delgado Sempe.
la respuesta del EPRE a la Defensoría del Pueblo, que le solicitó un descargo a raíz de la denuncia del legislador sobre la Resolución 181/25
En su presentación, el legislador advirtió que la medida perjudica especialmente a quienes no tienen acceso a internet, viven en zonas rurales o no pueden trasladarse hasta las oficinas de la empresa para solicitar el mantenimiento del formato impreso. La respuesta del EPRE fue que “los usuarios pueden optar por seguir recibiendo la boleta en papel”.
“¿Cómo van a optar si no tienen acceso digital ni medios para hacer el trámite? ¿Por telepatía? Es una tomada de pelo”, expresó el legislador.
Además, criticó que la empresa solo mantendrá durante dos bimestres la suspensión de intereses por mora y el envío de avisos de corte en papel: “Después de eso, ¿qué pasa con quienes no pueden pagar a tiempo porque nunca recibieron la boleta? ¿Van a cortarles la luz? Esto es grave”, denunció.
Delgado Sempe también cuestionó que el EPRE reconociera que EDERSA ahorrará millones en logística gracias a esta medida: “¿Dónde está el beneficio para el usuario? Todo apunta a que esto es una maniobra para reducir costos empresariales a costa del bolsillo de la gente”, apuntó.
Finalmente, hizo un llamado al Gobernador para que intervenga y revierta esta resolución, y pidió a la Defensoría del Pueblo que redoble su intervención en defensa de los derechos de los ciudadanos.
“La factura digital debe ser un derecho, no una imposición. La factura en papel debe seguir siendo el formato predeterminado, y que quien quiera cambiar lo solicite, no al revés. Lo que hace el EPRE es legalizar una injusticia”, concluyó.
