El fiscal federal Guillermo Marijuán profundiza una investigación que desnuda un entramado de poder, maniobras de control gremial y presuntas defraudaciones en Osprera, la obra social de los peones rurales, que por múltiples puntas conduce directamente al círculo íntimo de Martín y Lule Menem. En el centro del escándalo, figuran pagos millonarios a empresas cuestionadas, maniobras de intervención irregular y un entramado de vínculos entre políticos, operadores y contratistas.
Todo comenzó a fines de febrero de 2025, cuando José Voytenco, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), presentó una denuncia ante la Justicia en la que acusó al diputado Pablo Ansaloni de orquestar un “plan criminal” para intervenir el gremio y quedarse con el control de Osprera. En ese escrito, se señaló como pieza clave al operador Fernando Antúnez, exfuncionario de la gestión de Ramón Ayala, hoy pareja de la diputada libertaria Salomé Jalil Toledo, quien fuera electa en 2023 por La Libertad Avanza y hoy reside en un lujoso departamento en Puerto Madero.
La denuncia no era solo una interna gremial: revelaba una estrategia para que el gobierno nacional interviniera Osprera bajo el pretexto de una crisis administrativa. Y en agosto de 2024, ese objetivo se concretó: el Ejecutivo desplazó a las autoridades elegidas democráticamente y puso a la obra social bajo control directo de la Casa Rosada, en una maniobra que involucra al ministro de Salud, Mario Lugones, y al clan Menem.
Primero fue nombrada Virginia Montero, pero tras ajustes de poder internos, los Menem lograron imponer a Marcelo Carlos Petroni como interventor. Petroni, según fuentes cercanas a la investigación, responde directamente a Lule Menem, hermano del diputado Martín Menem.
Con la llegada de Petroni, también llegó la Droguería Suizo Argentina, empresa ya investigada por el escándalo de coimas en la Andis. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Osprera giró más de $7.700 millones a esta firma a través de 193 facturas, bajo un esquema de compras directas y convenios capitados destinados a medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.
El flujo de dinero fue escalonado pero constante:
- Noviembre: $667 millones
- Diciembre: $2.500 millones
- Enero: $1.395 millones (con 101 transferencias)
- Febrero: $629 millones
- Marzo: $2.491 millones
El 23 de enero, Petroni firmó un acta con Suizo Argentina que establecía un plan de pagos por la deuda acumulada hasta diciembre. La empresa garantizaba el abastecimiento; Osprera, el pago en 60 días. Sin embargo, esta maniobra violaría el Decreto 1045/24, que prohíbe expresamente cancelar deudas anteriores sin una auditoría previa que verifique su legitimidad. La Justicia ya investiga si esta norma fue ignorada.
Pero el entramado no termina ahí. Detrás de Petroni, según reveló un abogado al tanto del caso a La Política Online (LPO), operaba Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Martín Menem en la empresa TR Nutrition. “Petroni es el que firmaba los acuerdos, pero quien manejaba todo atrás era Sergio Aguirre”, afirmó la fuente.
Aguirre también es fundador de HTech Innovation, una empresa contratada por Osprera desde noviembre de 2024. En sus primeros meses, facturó más de $47 millones, y hoy mantiene un contrato mensual de $16 millones. Sin embargo, desde el gremio cuestionan la calidad de los servicios prestados, al igual que ocurre con Siaco, una prestadora odontológica que cobraba más de $400 millones mensuales sin brindar siquiera prestaciones básicas.
Chats de WhatsApp obtenidos por el fiscal Marijuán revelan la cercanía entre los involucrados. En uno de ellos, Petroni le escribe a Aguirre: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. En otro, más explícito: “Nosotros somos Lule y Karina”, en alusión a Karina Milei, hermana del Presidente.
Un dirigente de Uatre reveló a LPO que en Osprera es un “secreto a voces” la existencia de oficinas vinculadas a Aguirre y Lule Menem donde, presuntamente, se gestionaban los “retornos”. “Primero se los pagaban a Aguirre, pero después fueron derecho a Lule”, aseguró.
La investigación también sigue el rastro del dinero. Según reconstruyó La Nación, la deuda actual de Osprera con Suizo Argentina se acerca a los $3.000 millones, una cifra que podría haber sido evitada con una auditoría previa. Además, se investiga si las empresas contratadas cumplían con los requisitos técnicos y operativos exigidos por la ley.
El fiscal Marijuán ya solicitó documentación a la Superintendencia de Servicios de Salud, al Ministerio de Salud y a la AFIP. También pidió el secuestro de celulares y servidores de Osprera para profundizar el análisis de los chats y movimientos financieros.
Mientras tanto, el diputado Pablo Ansaloni denunció hace 20 días ante el presidente Javier Milei supuestas coimas vinculadas a Lule Menem en el manejo de Osprera. La respuesta del Ejecutivo, hasta ahora, ha sido silencio.
El caso no solo pone en jaque la transparencia de una obra social clave para miles de trabajadores rurales, sino que revela una red de influencias que entrelaza política, negocios y poder en uno de los sectores más vulnerables del país. Con los Menem en el centro del escándalo y el fiscal Marijuán avanzando sin pausa, la presión sobre el gobierno y el gremio rural apenas comienza.
